SANTO DOMINGO.-La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) denunció en un comunicado que sectores con capacidad real de pagar el gas y la electricidad se lucran de los subsidios que ofrece el Estado en detrimento de la calidad de vida del pueblo.
La AEIH definió como "perversos" los subsidios indiscriminados al consumo de gas licuado de petróleo y de electricidad.
Entiende que ese mecanismo permite la absorción de recursos que pudieran ayudar a una mejoría de la calidad de vida a través de los servicios de salud y educación.
Los empresarios de Herreras definen las contribuciones estatales como un "espejismo populista" al tiempo que deploran que una parte de los impuestos pagados por los ciudadanos sean devueltos en subsidios distorsionantes que tienden a beneficiar a quienes poseen mayores recursos.
Hicieron “un dramático llamado a la sociedad” para que entienda la necesidad de que el esquema de subsidios al gas y a la electricidad debe ser desmontado, porque “en realidad éstos no son tales y más bien representan un mecanismo errado que el país paga en calidad de vida"
Indican que lo mismo ocurre con la electricidad, sector que recibe monumentales subsidios de parte del Gobierno que sólo sirven para "incentivar el robo de energía, mientras las empresas distribuidoras de electricidad permanecen ancladas en su incapacidad para cobrar el servicio".
En ese sentido explican que las contribuciones estatales al sector eléctrico serían funcionales si fueran focalizados y limitados.
Consideran insana tanto para las finanzas públicas como para los planes de desarrollo del país la continuidad en el otorgamiento de subsidios indiscriminados, porque creen que éstos tienden a ensanchar y a prolongar en el tiempo la deuda social acumulada del país.
Externaron su preocupación porque el Gobierno entregara el año pasado como subsidio al sector eléctrico US$505 millones, pese a que había estimado para ese periodo sólo US$350 millones.
Dijeron que según las cifras oficiales, en lo que va de año, los subsidios eléctricos suman US$206.7 millones de dólares, equivalentes a 6 mil 799 millones de pesos.
Destacaron la necesidad de que el Gobierno se aboque a una verdadera revisión de los acuerdos eléctricos que resultan lesivos al país.
