El presidente Leonel Fernández ha vuelto a sufrir una humillante derrota electoral. No importa que la Junta Central Electoral, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la Opinión Pública y demás fuerzas mediáticas del país lo declaren ganador en la mayoría de las provincias.
El Partido de la Liberación Dominicana no ha ganado limpiamente, en ninguna parte. No hay un municipio de los 151 que tiene el país, donde no se presenten evidencias de fraude por parte del gobierno.
No hay un municipio donde no se haya comprado votos, incluso "a boca de urna", donde no se hayan encontrado cientos de actas falsificadas, adulteradas, descuadradas o secuestradas.
Y, como si fuera poco, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía actuaron en favor de los candidatos oficialistas ocupando juntas municipales, secuestrando, apresando, amedrentando y hasta disparando contra candidatos de la oposición.
Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía actuaron junto a dirigentes y activistas del PLD también armados para evitar el conteo de los votos y el triunfo de la Gran Alianza Nacional.
Fue un estado de terror lo que implantó en todo el territorio nacional el gobierno del PLD.
A pesar del uso inaudito de los recursos del Estado, verificado por todos los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, a pesar de que los funcionarios del gobierno fueron asignados en las 32 provincias y los 151 municipios con todo el dinero del mundo para gastarlo a discreción, a pesar de la presencia del presidente de la República en la campaña, visitando las provincias "emblemáticas", maletín en manos, a pesar de mandar a buscar a todo el personal diplomático radicado en el extranjero, a pesar usar más de dos mil millones de pesos en botellas en apenas dos meses, el gobierno no puede decir, honestamente, que ha ganado en ningún lugar.
En San Francisco de Macorís, para "ganarle" a Hernani Salazar, el gobierno gastó más de 800 millones de pesos. Sólo un hombre de la experiencia y el coraje de Chu Vásquez pudo ganarle al presidente Fernández, a sus funcionarios, a sus generales y a los 300 o 400 millones de pesos que se invirtieron en Nagua. El país no sabrá nunca cuántos miles de millones de pesos de este pobre pueblo que se muere de hambre gastó el gobierno para impedir el triunfo de la oposición.
Es la primera vez en la historia de las ciencias sociales que todas las encuestas se equivocan. Todos los trabajos de campo, incluso los realizados por el PLD daban ganador, por más de diez puntos, a Lois Carvajal, uno de los mejores síndicos del país. Nadie en su sano juicio puede creer que haya perdido de un contendor desconocido. Como nadie puede explicar que el grupito de Max Puig alcanzara más votos que el Partido Reformista en muchos lugares, incluso en Nigua, donde no hay un solo miembro de ese partidito.
De igual modo, todas las encuestas daban ventaja considerable al candidato a senador de Santo Domingo. Los dirigentes del PLD decían: "Perdemos la senaduría de la capital pero ganamos en la provincia con Cristina Lizardo". El fraude en la capital fue tan grande descomunal como en las demás provincias.
El PLD no ha ganado en 25 provincias. El PLD quiere robarle el triunfo en 25 provincias al PRD y al PRSC.
Las anomalías son tan grandes que en cualquier otro país del mundo las fuerzas sanas, las llamadas reservas morales, estuvieran reclamando la anulación de los comicios.
La Gran Alianza Nacional no está ejerciendo su "derecho al pataleo". Está denunciando un grosero fraude electoral, que se produjo ante los ojos de todos, sin reparo ético o moral, un fraude que pretende desconocer la voluntad popular.
La Gran Alianza Nacional está en capacidad de probar, ante los jueces de la JCE, que son los únicos constitucionalmente llamados a decidir, que hubo trampas, que se burló la voluntad popular. Las actas están ahí para que sean verificadas. Los votos que no se robaron están ahí para volverse a contar, como se hizo en Costa Rica en las elecciones pasadas.
La Gran Alianza Nacional está haciendo uso de su derecho, de las prerrogativas que le brinda la Constitución de la República y la propia Ley Electoral. La Gran Alianza no está fuera del contexto legal. Quienes presionan a la JCE para que termine el conteo, para que proclame ganadores, ignorando los hechos, metiendo la cabeza dentro de un hoyo para no ver el fraude, con sotana o sin sotana, son los que atentan contra la democracia y la gobernabilidad.
Si el PRD y el PRSC permiten que el presidente Fernández y el PLD se burlen del pueblo, que se olviden del poder en por lo menos 20 años. Si la dirección de esas fuerzas no se empantalona, si no se arma de coraje para defender la voluntad popular, habrá que gritar: ¡Rompan fila y viva el Jefe!
