Sea porque están preparando un fraude, por saberse perdidos en las próximas elecciones o porque temen participar en las mismas, los peledeistas están dando más gritos que un chivo antes del sacrificio.
Ahora piden que la ONU, la OEA y quien sea, del exterior, intervenga en la organización de los comicios de Mayo a los fines de impedir que la oposición le realice un supuesto fraude electoral.
Ahora quieren que, en violación de la constitución y la leyes, se designe una supercomisión de “notables”, que en desmedro de la autoridad concedida a la JCE, audite su trabajo y dictamine si está bien o mal.
Quieren otra intervencioncita como la del cardenal López Rodríguez en 1986 o como la vergonzosa de Núñez Collado en el 2004, que coarte el derecho legal de la Junta y se dedique a sabotear sus atribuciones.
Lo que hicieron López Rodríguez, Núñez Collado y un grupo de embajadores no tiene símil en la historia de las elecciones latinoamericanas y probablemente del mundo. Ni tiene que ver con la legalidad, la gobernabilidad, el estado de derecho y la institucionalidad con cuya mención suele llenarse la boca el presidente Fernández.
Pero una cosa es hablar y otra es actuar con apego al sistema jurídico; lo que no busca hacer el PLD. Quiere que le acomoden los hechos, que le propicien víctimas electorales, que los dejen ganar sin competencias, escribir las reglas del juego, designar los jueces e instrumentalizarlos de acuerdo con sus deseos.
Al Dr. Pina Toribio, le gusta enfrentarse a contendientes amarrados.
Solo que esta vez no se le va ha dar. Nadie en el mundo creerá que un gobierno que gasta miles de millones de pesos en corromper medios de comunicación, que compra opositores e intenta destruir partidos, que hace obras como el metro fuera de toda contraloría, sufrirá una estafa electoral de parte de la oposición. Simplemente es absurdo, mentira y nadie le creerá.
De hecho, hay que estimular al gobierno-PLD a continuar con sus denuncias en el terreno internacional, porque mientras más batan el asunto, peor para ellos.
El PLD se ha acostumbrado a pedir que extranjeros se injieran en nuestros asuntos internos. Son innumerables los casos de cualquier matiz en que amenazan a la nación con denunciar ante “organismos internacionales”, propiciando la intervención foránea y socavando los principios de soberanía y autodeterminación de los dominicanos.
Para los peledeistas, no hay dominicanos honorables y los procesos de cualquier carácter solo pueden ser transparentes si lo arbitran los de “afuera”.
La JCE no debe ceder al chantaje de los peledeistas. No debe permitir que extranjeros, ni comisiones cuya operación no contempla la ley, intervengan en un proceso que solo a ella compete organizar.
Hay que apegarse a la ley, respetar lo que ella ordena. Dar curso a las componendas ha sido causa del debilitamiento de la institucionalidad y la democracia.
En algún punto se debe comenzar el adecentamiento y formalización de la sociedad dominicana.
