Santo Domingo.-La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia casó hoy la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que favorecía con un No Ha Lugar a los implicados en el caso de los invernaderos, entre ellos los ex-secretarios de Agricultura durante el pasado gobierno, Eligio Jàquez Cruz y José Antonio Fabelo.
De esa manera el órgano colegiado del máximo tribunal de justicia acogió en todas sus partes el recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República a través del Departamento de Prevención de la Corrupción, para que la sentencia de la Corte de Apelación fuera anulada y los implicados en el caso volvieran a ser juzgados.
Tras aceptar como bueno y válido el recurso del departamento anticorrupción que dirige el doctor Octavio Lìster, la Suprema Corte de Justicia devolvió el expediente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que sea su Primera Sala Penal la que conozca el recurso original del Ministerio Público que busca dejar sin efecto la primera sentencia sobre el caso emitida el 6 de septiembre de 2005, por la jueza Vanesa Acosta, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde también se favorecía a los acusados.
Se recuerda que en lugar de ponderar el pedido del DPCA, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dirigida por el magistrado Ignacio Camacho, ratificó en todas sus partes la decisión que exoneraba de responsabilidad al grupo de beneficiados.
Además de Eligio Jàquez y Fabelo, en el caso están involucrados el también, el ex-subsecretario de Agricultura, Sergio Uribe Castro, Leonardo Sosa de la Cruz, Manuel Augusto Santana Matías, Leovigildo Bello Guerrero, Julián Abreu Piña, Ramón Osiris Blanco, José Rafael Escarramán y Leonardo Batista Díaz, entre otros, a quienes la jueza Acosta había beneficiado con su sentencia.
En total hay 17 personas acusadas, casi todos ex-funcionarios y allegados del pasado gobierno, a las cuales el DPCA acusa de prevaricación, asociación de malhechores, desfalco, estafa calificada y abuso de confianza. Según el expediente la distribución irregular de los 51 invernaderos a través del Banco Agrícola, dejó pérdidas al Estado por 500 millones de pesos.
