Por la agresividad y el carácter propagandístico que ha exhibido el Gobierno sorprende que a estas alturas no haya habido un emplazamiento a Estados Unidos para que identifique a los altos funcionarios que, según su informe anual sobre el tráfico de drogas, están vinculados a esa nefasta operación y al lavado de activos. Escurrir el bulto no ha sido política ni tradición de unas autoridades que ahora parecen incriminarse al recurrir al silencio frente a los gravísimos señalamientos del Departamento de Estado. ¿O es que acaso ya esos funcionarios han sido identificados y el Gobierno no se ha atrevido a actuar?
Con el visto bueno que ha tenido en figuras como el asesor Presidencial, doctor Marino Vinicio Castillo, y el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el informe, que también cita la corrupción y la debilidad institucional como obstáculos principales para perseguir el narcotráfico, la hipótesis en cuestión no se puede descartar; así como tampoco la relación que pudieran tener con el bochorno las suspicaces giras a este país para entrevistarse con las máximas autoridades de figuras como el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)?
En los señalamientos que el Gobierno ha callado no termina todo. En la parte que se refiere a los derechos humanos se denuncia, aparte de asesinatos y torturas, que en "el país se da una creciente autocensura entre periodistas y editores dominicanos". No establece, sin embargo, el porqué de una conducta, aunque es bastante lo que se especula, que atenta contra los más sagrados principios del sistema democrático.
Con toda la alharaca que se hizo sobre la sentencia que descargó a los acusados del Plan Renove, sobre la cual opinaron desfavorablemente el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, se ha guardado, empero, un silencio sepulcral sobre los alegatos de un juez de Miami para rechazar una solicitud de extradición del empresario Sam Goodson. Dijo el magistrado que República Dominicana no es confiable y que la Procuraduría General de la República falsificó documentos para sustentar los cargos contra Goodson.
Si todavía falta algún elemento que ha debido merecer una respuesta de las autoridades son las declaraciones de la embajadora de España que citan la corrupción y la inseguridad jurídica como grandes trabas para la necesitada inversión extranjera. El silencio de una administración que no tiene esa conducta como estilo crea suspicacia, porque de viejo se dice por aquí que quien calla, otorga. Los señalamientos indican cuán intrincado está el panorama, a tal punto de que, pese al histerismo del Gobierno, no se sabe cuál es la pelota que se está jugando.
Porque, es que en el caso de Estados Unidos no se ha reclamado ni siquiera una aclaración sobre la vinculación de "altos funcionarios" con el narcotráfico y el lavado de activos, que para más inquietud ha sido corroborada, sin mayores consecuencias, nada menos que por el jefe de la DNCD y por el influyente asesor Presidencial.
– LUIS PEREZ CASANOVA