SANTO DOMINGO.-Un grupo de fiscales capacitados en delitos y fraudes bancarios instrumentó la acusación criminal contra el grupo de ex baqueros a quien se le atribuye haber cometido un fraude superior a los 55 mil millones de pesos a través del Banco Intercontinental (Baninter). La acusación fue despositada por la Procuraduría General de la República ante un tribunal colegiado del Distrito Nacional contra el ex presidente del desaparecido Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y otros ex ejecutivos, acusados de un alegado fraude superior a los 55 mil millones de pesos. El acta de acusación fue presentada vía el Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco) y su director Octavio Líster.
Junto a Báez Figueroa serán procesados en la audiencia fijada para el tres de abril, Marcos Báez Cocco, Vivían Lubrano de Castillo, Luis Alvarez Renta y Jesús Troncoso Ferrúa.
En la tarde de ayer los abogados del Banco Central, entre ellos Artagnan Pérez Méndez y Ramón Pina Acevedo, depositaron por ante el tribunal colegiado un legajo de documentos que serán utilizados como pruebas en el proceso judicial.
En el acta se presentan transacciones realizadas por los ex ejecutivos del Baninter con los bancos Bankinvest y Ultra Export que operaban en otros países.
Con estas operaciones, alega el Ministerio Público, se violaron los artículos 147, 148 y 405 del Código Penal, la leyes 183-02 sobre Régimen Monetario y Financiero, 2859 sobre Cheques y la 72-02 de Lavado de Activos.
El Ministerio Público afirma que Báez Figueroa adquirió activos con dinero de los ahorrantes, tales como canales de televisión, televisión por cable, periódicos y otros bienes, en alegadas operaciones tipificadas como delitos de blanqueo en la Ley de Lavado de Activos.
Sostiene el Ministerio Público que las adquisiciones de Editora Listín Diario, Aster Comunicaciones, una red de unidades de radiodifusión, televisoras y empresas de cable en todo el país se hizo supuestamente con dinero extraído a Baninter.
El caso se conocerá contra el grupo debido a una decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que unificó el proceso y estableció que se conozca con el nuevo Código Procesal Penal.
El tribunal colegiado está presidido por el juez Sergio Antonio Sánchez, mientras que se espera la designación de los otros dos magistrados debido a que tanto la jueza Esther Agelán Casasnovas como Pilar Rufino se inhibieron.
Esther Agelán no estará en el proceso porque integró la Cámara de Calificación que conoció y modificó la decisión del juez de Instrucción Eduardo Sánchez Ortiz, quien sólo envió a juicio de fondo a Báez Figueroa y Báez Cocco, y excluyó a Alvarez Renta, Lubrano de Castillo y Troncoso Ferrúa.