Lima, (PL) En abril de 2006 los militares y policías peruanos concurrirán por primera vez a las urnas en calidad de electores, pero ya desde hoy sus votos parecen estar en la mira de los políticos.
La presunción surgió a raíz de una propuesta de ley encaminada a amnistiar a los que están sujetos a procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos durante la llamada etapa de lucha contra el terrorismo.
Formulada hace un par de días por el congresista por el Frente Independiente Moralizador Luis Iberico, la iniciativa ha concitado un encendido rechazo en gran parte de la sociedad peruana.
Amén de las connotaciones éticas de una decisión de tal género, sus opositores le objetan motivaciones puramente electoreras: militares y policías significarán el 0,9 por ciento de los votos en los comicios generales del 9 de abril.
De acuerdo con datos del Jurado Nacional de Elecciones ese día se estrenarán en las urnas 147 mil 713 efectivos entre policías y militares de las tres instituciones armadas, a saber, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea.
La cifra, digna de consideración de por sí, lo es más por el efecto multiplicador de la propuesta, ya que esposas, hijos y otros familiares de los eventuales amnistiados darían con gusto sus votos al candidato del partido promotor de la medida.
Pero el cálculo puede quedar en eso: autoridades del Tribunal Constitucional del Perú advertieron que una ley como la que se plantea violaría la Carta Magna del país y, por tanto, no prosperará aún si el congreso la sancionara.
Representantes de organizaciones pro derechos humanos señalan, además, que en caso de decretarse un perdón indiscriminado a policías y militares apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
