Con la maestría que siempre le ha caracterizado desde que impartía cátedras

en las aulas de nuestra más vieja casa de estudio, “mi profesor”, como aún

le llamo desde entonces; pinceló como el mas grande escultor, lo que ha

definido como una de las prioridades que debe darse la República Dominicana:

reformar la Constitución para adaptarla a los nuevos tiempos y hacerla

funcional, democrática y participativa.

Con la elocuencia que le caracteriza, el mandatario afirma que la nación

dominicana necesita configurar un Estado Moderno, por lo que luego de la

reforma a la Constitución a través de la Asamblea Revisora, debe iniciarse

una reforma política que modifique la Ley Electoral y la Ley de Partidos

Políticos, entre otros aspectos de trascendencia para el presente y el

futuro del país.

Pero más aún, “mi profesor” le aclara a los juristas seleccionados y

presentes en el acto central realizado en la UASD, que su posición no es la

de un Dios o un dictador que se deben seguir al pie de la letra -esto lo

digo yo, interpretando al mandatario- y que por el contrario están en plena

libertad de empezar de cero.

Es tomando las palabras del Presidente Leonel Fernández, que me permito

disentir de uno de sus planteamientos, y me refiero al que tiene que ver con

la selección de los integrantes de la Junta Central Electoral, que el Jefe

de Estado sostiene que debería ser a través de un Consejo Nacional de la

Magistratura Ampliado.

A mi humilde entender, la selección de los integrantes de la Junta, mediante

ese mecanismo, no seria más que reducir la participación de la sociedad y

los dominicanos en sentido general, a siete, ocho o diez personas, a lo

sumo, ya que el actual Consejo Nacional de la Magistratura está conformado

por siete miembros.

Es por ello que con relación al organismo de elecciones, considero que debe

ser el resultado de una propuesta que partiera del Primer Mandatario a la

Cámara de Diputados, y que finalmente sería ratificada por el Senado de la

República.

Asumo esta posición, porque la Cámara Baja como también se le conoce, es el

organismo más pluralista con que cuenta nuestro país, al momento de hacer y

promover la elaboración de leyes y demás instrumentos legales.

Aclaro que con esto no pretendo quitarle importancia ni desmeritar al Senado

de la República, ya que éste mantendría su participación, y tendrá la última

palabra al momento de ratificar o rechazar la conformación del máximo

tribunal electoral del país.

Lo que entiendo es que la Cámara de Diputados tiene las características

institucionales suficientes y necesarias, como para que de su seno surja

una Junta Central Electoral incuestionable.

En la Cámara de Diputados están representados millones de dominicanos, a

través de sus 151 legisladores, provenientes de los más apartados rincones

del territorio nacional.

Pero más aún, la Junta Central Electoral debe ser escogida para un periodo

de seis años, con el fin de que no esté a la expensa de coyunturas políticas

ni de los vaivenes de los partidos y las pasiones políticas.

Que los integrantes del Tribunal de Elecciones no se sientan comprometidos

con ningún partido político o gestión legislativa, debe ser el objetivo de

cualquier reforma a nuestra Carta Magna y al organismo de comicios en

particular.

Aunque en un primer momento no les guste a nuestros dirigentes políticos,

será el sistema de partidos el mas beneficiado, puesto que sólo de esa

manera dejaremos de estar a la expectativa “de lo que pueda pasar”, con un

país paralizado y todo el daño que esto significa para el aparato productivo

nacional.

Es por ello que reitero que la forma más idónea para seleccionar los

integrantes de la Junta Central Electoral, es mediante la presentación de

una propuesta que sometida por el Presidente de la República a través de la

Cámara de Diputados y ratificada finalmente por el Senado.