Las razones que ha tenido ese hemiciclo en dejar de lado lo que la ley le ordena, obviamente, es materia de preocupación para quienes abogamos por la plena vigencia de un depurado y fluido Estado de Derecho en la Republica Dominicana. Se dan varias lecturas a la dejadez de la Cámara Baja, en implementar la ley numero 19/01 del 1 de Febrero del 2001, promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo. Entre los juicios más comentados, podríamos levantar varios escenarios, que a modo de debate es importante que la opinión pública conozca.

Primer Escenario: Los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, trataron durante este largo periodo de imponer un candidato a fin a sus lineamientos, aunque los encubrieron con argumentos poco convincentes; la partidarizacion de la elección entró en un callejón sin salida, no obstante existir una comunidad política con amplia representación numérica, que con una simple convocatoria bastaba para una escogencia; sin embargo, la carencia de candidatos creíbles, hizo imposible esa selección.

No solo porque la comunidad partidaria mayoritaria en la Cámara de Diputados se dividió en pequeños intereses, sino y sobre todo, porque ha primado un desconocimiento a cabalidad por parte de los legisladores de las funciones de este funcionario, creado por ellos mismos. Esto forma parte del absurdo dominicano. En otras palabras el Defensor del Pueblo, no ha encontrado quien lo defienda en ese ambiente., en el ambiente de sus creadores.

Segundo Escenario: La historia de la ley (véase el libro en Busca del Defensor del Pueblo, Editora Mediabyte, s.a. Febrero 2001), no concluyó con la promulgación de la misma. Luego de aprobada y promulgada, algunos sectores que estuvieron vinculados a su presentación en el congreso, entendieron como un derecho divino, cabildear un(a) candidato(a) de “consenso” y sacar el equipo a su alrededor de figuras de la llamada “Sociedad Civil” que desde otras instancias abogaban por la creación de esta instancia jurídica. Pero si la división entre los legisladores fue motivo de estancamiento, los cabildeos entre estos sectores fueron más profundos y tristes. Porque no solo practicaron la exclusión como procedimiento, sino que se erigieron en sensores de quienes no provenían de uno u otro grupo, hasta el extremo que nunca se pusieron de acuerdo para elaborar un “perfil” aceptable y transparente, para impulsar la escogencia, sino al contrario, contribuyeron a sacar del debate publico el tema y lo llevaron a los laboratorios tradicionales de la manipulación conservadora. Presentando listados de personas absolutamente descalificadas para la posición, quienes eran verdaderos amanuense, empleados asalariados de los proponentes, funcionarios a sueldos de programas de ayudas y colaboraciones internacionales de embajadas acreditadas en Santo Domingo, en fin, adocenados sin criterios algunos sobre las funciones de una figura de Estado, vital para el desarrollo democrático del país.

Tercer Escenario: Sectores conservadores nacionales y extranjeros con una mayor visión política del tema, no vacilaron en jugar su carta para obtener el control de la Defensoria del Pueblo, desde antes de ésta funcionar, promovieron la idea de que esta actuaría como una ONG mas, de las tantas que han sido creadas y promovidas por ellos mismos, hasta el extremos que invirtieron sumas cuantiosas en crear un debate de elites, al margen de la propia ley , con el único propósito de controlar, como controlan otras instancias de la sociedad civil , cuestión que ya hoy no se discute, porque de manera publica y transparente se ha aceptado como bueno y valido el financiamiento directo encubierto o no, de instituciones que por su accionar inciden en casi todo el espectro político, social, religioso, de salud, educacional, militar, cultural y económico del país. Las sumas de ayudas ofrecidas y otorgadas a diversos sectores rivalizan en algunas áreas con algunos programas de Estado Dominicano en esas mismas áreas. La indefensión del Estado para implementar Políticas de Estado claras y transparentes en algunas áreas, ha dejado el camino abierto para que estos “contribuyentes solidarios y desinteresados” influyan en los acontecimientos vitales del país a través de sus generosos aportes, donde han instalado una nueva profesión: funcionarios de las ongs financiadas por la “solidaridad internacional.”

Cuarto Escenario: La nueva figura jurídica del Defensor del Pueblo, marcaría un antes y un después, en la revalorizacion del rol del Estado. Mientras en otras áreas se hacen inocultables esfuerzos para sacar del juego las políticas publicas del Estado y sustituirlas por políticas de consenso del “sector privado”. En esta área del Defensor del Pueblo, se propone una nueva institución del Estado con el propósito de vigilar la observación de las leyes y los reglamentos, supervisar los funcionarios públicos para que cumplan con el debido proceso de la ley, abrir un espacio publico para recoger las quejas y los reclamos de aquellos sectores desprotegidos que reclaman en reconocimiento a su condición humana. En otras palabras: Reinventar la efectividad de Estado. Obviamente que este Defensor de Pueblo, fortalecerá las instituciones del Estado para obtener un rendimiento mas eficiente. Para quienes han utilizado las instancias del poder para repartir privilegios, y establecieron residencia en el presupuesto de la nación desde 1844, esta idea es absolutamente “subversiva”; en publico y desde diversos pulpitos reclaman su aplicación, sin embargo, en ámbitos privados y por los vericuetos de la política vernácula, torpedean la iniciativa, hasta hacerla impracticable, creándole un cerco de inviabilidad a los oídos, de quienes por mandato de la ley están en la irrenunciable tarea de escoger a quien sea para ocupar la posición.

Si usted quiere medir el grado de subdesarrollo político existente en la Republica Dominicana, comience hoy a recoger todas las opiniones en torno al Defensor del Pueblo. Entonces comprenderá sobre los grandes retos que le esperan a quien algún día sea seleccionado para iniciar esa nueva aventura democrática.