En honor a la verdad, lo dicho por López Rodríguez (que no es el dirigente político del PLD de Nagua) a fin de cuentas fue una radiografía de lo que muchos han entendido de la Junta Central Electoral desde que fue constituida, a finales del 2002.

De prácticamente todos los litorales políticos, sociales y económicos se dijo desde entonces que la cúpula de la JCE respondía a las directrices del gobierno de entonces, encabezado por Hipólito Mejía y su partido Revolucionario Dominicano.

Y no era para menos porque, de nueve jueces que la integran, seis los recomendó el PRD, dos el Reformista Social Cristiano y uno, el de la Liberación Dominicana.

No importó la probidad de esos jueces, tanto profesional como moral y éticamente. Por igual sufrieron los rigores de los más despiadados ataques y denuestos y todo porque, según López Rodríguez, esa Junta “nació con pecado original”.

Los cuatro años fueron aprovechados por todos los contrarios al Partido Revolucionario Dominicano y, en menor medida, al Reformista Social Cristiano, entre ellos los más connotados comunicadores del PLD o “imparciales¿?”, a quienes poco faltó para que pidieran las cabezas de ocho de esos nueve jueces (la de Roberto Rosario no, porque ese sí que es serio).

Las impugnaciones conocidas por la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, a candidaturas congresuales y municipales de las elecciones pasadas, aparentemente arrojaron un resultado que favoreció a aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados, especialmente en lo relativo a senadurías ganadas y perdidas por muy pocos votos.

Si juzgamos por el cambio del enfoque que tenían ciertos comunicadores “independientes”, que ahora no sólo aprecian justas esas resoluciones, sino que propugnan porque algunos de los jueces “pecadores” sean dejados en sus puestos, entonces se puede creer (si finalmente el Senado acepta esa sugerencia) lo que algunos de los candidatos afectados por las decisiones dijeron de la Cámara Contenciosa: que emitieron esos fallos a cambio de que los ratifiquen en sus posiciones.

Si uno de ellos se queda (obviando lógicamente a Roberto Rosario) entonces a la saliente dirección de la JCE la habrían santiguado con ese gesto de “benevolencia” y habría desaparecido el “pecado original”.

Esperemos para ver si, al final de la jornada se impondrá la “operación limpieza” en el órgano direccional de la Junta Central Electoral, y así devolverle la credibilidad y honorabilidad perdidas o, por el contrario, algunos de ellos recibirán la paga acordada con el gobierno (como se ha denunciado), a cambio de fallar los expedientes como lo hicieron.

El tiempo dirá, pues.