Hoy en día la humanidad lucha por acceder a más y más bienes y servicios que aumentan su calidad de vida. De manera que las personas tratan, de una parte, de obtener esos bienes y, por otra parte, de cuidarse de no ser estafadas en la consecución de su objeto.

Dos tendencias filosóficas se ven así enfrentadas, una que lucha por sostener el llamado capitalismo salvaje, consistente en vender todo cuanto se pueda al mejor precio y sin otorgar garantías de ningún tipo al consumidor; otra, busca que el consumidor tenga garantía en cuanto a calidad, precios y un ambiente sano. La primera aboga por un Estado Neoliberal en donde las manos del Estado estén lejos del mercado, de manera que el consumidor nunca tenga garantía; la otra busca que el Estado sea un regulador y protector eficaz de los derechos del consumidor, a los fines de garantizar derechos al consumidor que de otra manera no obtendría por ser la parte débil en la relación contractual de mercado. Es decir, parte de que existe un desequilibrio en el mercado que el Estado debe suplir con su intervención, como por ejemplo hemos visto por estos días con el tema del gas propano. La otra tendencia dice que el mercado es capaz, por sí solo, de auto regularse, gracias a la intervención de una supuesta mano invisible que todo lo equilibra.

El punto es que Estados Unidos es considerado conjuntamente con Inglaterra como la patria de las políticas de mercado neoliberales; en cambio, Europa es considerada como la paladina en el establecimiento del denominado Estado Social y democrático de Derecho. Algunos se hicieron la ilusión de que la llegada de Obama a la Casa Blanca implicaría un cambio en la política de Estados Unidos, no ha resultado así porque no ha podido regular el sector financiero ni ha podido resolver el tema de la cobertura de salud, aunque tampoco se puede afirmar que haya fracaso, simplemente, la lucha sigue y los neoliberales por momentos parecen que ganan la guerra, pues su esquema continua y los cambios de Obama no acaban de materializarse.

La República Dominicana parece haber entrado a dicha discusión con la proclamación -hace algo más de un mes-, de una nueva Constitución que, en su artículo 7, proclama que la nación dominicana se constituye en un Estado Social, para más adelante, en el artículo 53, referirse llanamente al reconocimiento del Derecho del Consumidor. No se queda ahí dicho contrato social unilateral, sino que establece otros contenidos según los cuales existen garantías de parte del Estado Dominicano para con el consumidor. Sin embargo, esas garantías están lejos de ser reales pues, por ejemplo, los denominados entes reguladores no acaban de entender su papel en un Estado Social, todavía piensan y actúan como si estuviesen en un estado liberal o neoliberal. Será misión de las organizaciones de defensa al consumidor, como del propio Estado, hacer entender a sus funcionarios que deben modificar su estructura mental. Es pavoroso observar, por ejemplo, lo que ocurre en el INDOTEL, esos funcionarios no entienden el contenido del Estado Social respecto de los usuarios de esos servicios, prueba de ello son las iniquidades que sufren los usuarios de servicios de internet, quienes son obligados a pagar por un servicio que es el más caro de la región y, a la vez, el más deficiente, pues el servicio contratado no se corresponde con el servido ante la mirada indiferente del órgano regulador, el cual, sólo se ocupa de exhibir una visión empresarial. Pues igualmente ocurre en la telefonía móvil, existe una competencia que perjudica al usuario, pues la guerra por las interconexiones obliga al usuario a tener más de tres teléfonos de tres empresas diferentes para obtener una cobertura adecuada.

Nadie habla en el INDOTEL de una plataforma libre o gratuita como, por ejemplo, Linux para que el internet sea gratuito, o cuando menos, opcional.

Si pasamos a salud pública el escenario luce todavía más desconcertante, pues en el Ministerio de Salud Pública no se tiene conciencia de que la cobertura de salud, en un Estado Social, debe ser universal, nada se hace al respecto. No sabemos qué hace ese Ministro a no ser torpedear todas las iniciativas con miras al Estado Social que están en las gavetas de su Ministerio.

En relación a los servicios bancarios, todavía no se ha podido lograr nada concreto sobre los abusos con las tarjetas de crédito, los contratos de adhesión y los intereses exorbitantes. Es cierto que la Superintendencia de Bancos ha tenido una tímida iniciativa a favor de este usuario, pero las mismas son insuficientes para un Estado Social, podría decirse que la política neoliberal allí imperante suelta migajas al usuario de servicios financieros.

Los servicios municipales, como los medioambientales, son prácticamente inexistentes, el deterioro ambiental amenaza la calidad de vida de los ciudadanos ante la cabeza de avestruz que dirige esa cartera.

Nos vamos a detener en esta enumeración bajo el entendido de que sólo hemos pretendido dejar sentado que, en el día del consumidor, a Dominicana le falta mucho por transitar debido a que los entes reguladores no están cumpliendo el rol que se espera de ellos en un Estado Social.

No es posible que, por ejemplo, la brillante labor que está realizando Pro Consumidor se vea estropeada desde dentro del gobierno, sólo por incomprensiones teleológicas de los neoliberales de los órganos sectoriales. DLH-14-3-2010.