El nuevo texto constitucional abre la oportunidad de hacer efectivo el deber estatal de fomentar a este sector, aprobando la necesaria normativa jurídica que reconozca, regule y proteja esta forma de organización económica, distinta a la privada y a la pública.

A pesar de su relevancia, este sector de la economía nacional aún no cuenta con un marco jurídico especial que reconozca y proteja los derechos de esa gran población de la clase trabajadora, cuyas condiciones de trabajo se caracterizan por un alto grado de vulnerabilidad, enormes dificultades para el disfrute de sus derechos, condiciones éstas que les impiden superar la pobreza y mejorar sus condiciones de vida.

Los numerosos emprendimientos económicos que aglutinan a miles de hombres y mujeres de todo el país, y que integran la economía solidaria en la República Dominicana, hacen un importante aporte al desarrollo socio-económico y cultural, en términos de fuentes de trabajo, ingresos, generación de divisas, fortalecimiento organizativo y redistribución de los ingresos nacionales, lo que constituye un poderoso instrumento de combate a la pobreza y exclusión social.

El anteproyecto fue recibido por los diputados Demetrio Vicente, Adne Berenice Contreras, santo Ramírez, Liseloth Arias, Juan Suazo Marte, Victor Terrero, Angel Acosta, Antonio de León y Aníbal Rosario.

Mientras que de las instituciones de Redesol, estuvieron sustentando la propuesta Edwardo Guzmán y Alcides Brea, de Incap, Francisco Liriano y Manuel Andújar, de Federares, Berta Vidal, de Conamuca, Julio César Vargas e Isidoro de la Rosa, de Conacado, mientras que de Ideac: Nicolás Cruz, José Urbina, Natalia Mármol y Wendy Jiménez.