La organización de defensa de los derechos de consumidores usuarios ha venido reclamando a las autoridades eléctricas que se dicten las resoluciones correspondientes, vía la Superintendencia de Electricidad (SIE), para que se empiecen a abonar esos valores a los usuarios, en forma correlativa, pero hasta ahora sólo se han interesado por abonar sumas fabulosas a las empresas de generación eléctrica, sin importarles siquiera las deudas que esas empresas tienen con las diversas empresas que componen el Sistema Energético Nacional (SENI), a sabiendas de que las facturas elaboradas por las generadoras son irreales, puesto que la mayoría de los contratos intervenidos con ellas o son ilegales, como los que surgieron del Acuerdo de Madrid y los que se firmaron después; o son injustos, como los suscritos con la Cogentrix y la Smith and Enron, hoy con los nombres de Empresa Eléctrica de San Pedro de Macorís y Generadora San Felipe, de Puerto Plata.

FUNDECOM consideró que hasta tanto las autoridades eléctricas se decidan a organizar licitaciones públicas para la compra de energía eléctrica, como manda el artículo 110 de la Ley 125-01; y se obligue a las distribuidoras a incrementar los niveles de cobro y la captación de nuevos clientes, no habrá solución valedera para el sector eléctrico, lo que seguirá obligando al Gobierno a invertir sumas extraordinarias para evitar su colapso.

FUNDECOM concluyó haciendo un llamado a las autoridades eléctricas para que se ajusten a los mandatos de la Ley 125-01 y calendaricen las fechas de término de los contratos del Acuerdo de Madrid, los de la Cogentrix y los de la Smith and Enron, para que no se prepare una nueva celada a la población dominicana, como ocurrió el 2 de agosto de 2001, fecha en que se firmó el Acuerdo de Madrid, en franca violación a la Ley 125-01, que ya tenía 4 días de vigencia en todo el territorio nacional.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 8 días del mes de marzo de 2010.