Eso está correcto. Pero, ¿cuál es la razón de hacer de público conocimiento las medidas que se van a implementar contra aquellos que están actuando al margen de la ley? ¿No será más producente aplicar el factor sorpresa para atrapar a los malos ciudadanos que explotan y abusan de los demás?

Se ha convertido en una odiosa práctica divulgar las medidas que han de aplicarse contra el crimen organizado. Por ejemplo, se proyecta una redada barrial contra los delincuentes y las autoridades lo anuncian con orgullo horas antes de hacerla. Como es lógico suponer, cuando se inicien esos operativos, ya los delincuentes se habrán esfumado a otro escenario donde permanecerán escondidos hasta que baje la marea. Al parecer, es un aviso para que se vayan.

Y lo mismo ocurre cuando se hacen redadas contra los puntos de drogas. Dice un colega que esos avisos se hacen de manera intencional para no enfrentarse a tiros con los narcotraficantes (que por supuesto están mejor armados y montados que nuestros agentes) o para no lesionar los intereses que algunos agentes tienen establecidos con los capos de las drogas y los delincuentes de otros niveles.

Toda la ciudadanía sufre los abusos de las envasadoras de gas establecidas en todo el país. Esas empresas siempre han engañado a los usuarios. Personalmente me he visto en la obligación de darles propinas ventajosas a los empleados de esos establecimientos para que me llenen “lentamente” el cilindro de gas de mi hogar porque de lo contrario te roban tres galones, y hasta cuatro, de manera descarada.

Lo peor del caso es que es que esa práctica la realizan en presencia de algunos inspectores de la Secretaría de Industria y Comercio que se pasan el tiempo hablando por un celular, o con los amigos, mientras los empleados actúan sin control.

Pro Consumidor y Digenor declaran que cerrarán y apresarán a los administradores y propietarios de esos establecimientos para luego someterlos ante la justicia. Se supone que eso es lo que deben hacer. Es como si estuvieran asustando a un niño. A un niño malcriado usted no le puede advertir que lo castigará si no cesa en su actitud. Lo procedente es castigarlo para obligarlo a modificar ese comportamiento. Con los empresarios y administradores de las envasadoras de gas habrá de hacerse lo mismo. Ahora, ¿quién garantiza que la justicia hará su papel de sancionador con tanto desprestigio que recae en ese poder del Estado?

El papel de los Inspectores de calidad de Pro Consumidor y verificadores de Digenor es desplazarse por todo el país, sin avisar y en operativos sorpresas, si es posible en horas nocturnas, para sorprender in fraganti a esos abusadores, sinvergüenzas y malos dominicanos.

Es una tarea fácil de realizar porque las autoridades cuentan con un patrón de medición conocido como “Master Míster” con el cual verifican los dispensadores (Metros) de las envasadoras para comprobar si están despachando la cantidad pagada por el consumidor. Un fiscal adjunto debe estar presente en esa jornada para las cosas se hagan conforme a la ley.

Una de cada dos estaciones de Gas engaña a la población al comprar el carburante, sin importar el tamaño del cilindro, en violación a las leyes 358-05 y 602-77, según las estadísticas oficiales. Eso es grave porque esta estafa al consumidor reduce el rendimiento del GLP almacenado a la mitad del tiempo previsto de la durabilidad del combustible.

Pro Consumidor y Digenor, ya que han demostrado agallas al enfrentar a los propietarios de las envasadoras de gas, deben también vigilar las estaciones de expendio de gasolina. Tengo la sospecha que en esos establecimientos están estafando a los usuarios. No estaría demás lanzar operativos sorpresa simultáneos para ver cómo andan las cosas por ahí. Igual dispositivo debe implementarse contra colmados y supermercados.

El Gobierno incrementaría su voto de confianza en la población si logra corregir definitivamente esas anomalías, aunque sabemos que medidas de esa naturaleza arriesgaría el costo político. Por favor, no anunciar lo que van a hacer, actúen.