Al asumir su tercer mandato, en agosto del 2008, el presidente Leonel Fernández dijo que, “si bien hemos logrado avances importantes, nuestro progreso aún no ha sido suficiente para combatir las fuerzas criminales transnacionales que cuentan con grandes recursos y vínculos locales.”

“Los hechos recientes de violencia acaecidos en el país, han generado una gran consternación y constituyen una voz de alerta de que bajo ninguna circunstancia debemos decaer en el combate a las drogas y a la criminalidad.”

“Asimismo, el Gobierno dominicano reitera su compromiso de aplicar con energía todas las medidas requeridas para impedir la producción, distribución, tráfico y consumo de drogas ilícitas en nuestro territorio nacional; de frenar la utilización del sistema económico y financiero para el lavado de activos y de reprimir toda acción delictiva que ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía.”

“En los próximos días estaré convocando de nuevo al Consejo de Seguridad Democrática para tomar nuevas medidas en una alianza con distintos sectores de la sociedad para reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos.”

“Los capos de la droga y del crimen, pues, que escuchen bien, porque aquí, en la República Dominicana: ¡no pasarán!”

“¡No pasarán!” Expresión enérgica, contundente, que no dejaban espacio para la duda o el temor. Sin embargo ha ocurrido todo lo contrario. El narcotráfico, la delincuencia y la criminalidad han pasado, al extremo que cada vez más sectores señalan que la República Dominicana es un narco Estado o un narco Gobierno.

El narcotráfico pasó. Nadie le impidió que cruzara la frontera. Las autoridades civiles y militares lejos de convertirse en combatientes a muerte se convirtieron en sus aliados. De no haber sido así, el narcotráfico, como prometiera el presidente de la República, no habría pasado.

Una prueba indeleble de hasta donde ha llegado el crimen, la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, es la cantidad de funcionarios, civiles y militares, que han sido despojados de sus visas para viajar a territorio norteamericano. Nunca antes tantos ministros y jefes militares habían sido señalados por el gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con el crimen y el narcotráfico.

En el Palacio Nacional, sede del gobierno, recinto sagrado en cualquier país del mundo, funcionarios civiles y miliares del más alto nivel, están en la mira. No han sido pedidos en extradición para no crear una crisis más devastadora que el terremoto de Haití que ha costado más de doscientos mil muertos.

El caso de Figueroa Agosto, (agente estadounidense encubierto en una “misión imposible”, como la película), que involucra no sólo a gente del gobierno, sino del sector privado y hasta de la oposición, muestra con toda crudeza hasta donde ha llegado el narcotráfico en nuestro país.

Los “pejes gordos” no han caído aún. Los “pejes gordos” que aparecen en los videos “lascivos y concupiscentes”, como los llamó el guía y líder del presidente de la República, asesor y jefe de la ética y la moral del gobierno, no han sido citados por los investigadores, muchos de los cuales deberían tener medidas de coerción.

Gente muy cercana al presidente de la República es señalada por el rumor público. Gente muy cercana al presidente de la República ha perdido su visado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué el presidente Leonel Fernández no actúa, por qué no se sacude, por qué no limpia su gobierno, por qué no da un ejemplo, por qué no da un paso firme y decidido en contra del crimen y el narcotráfico? ¿Por qué no hace valer su promesa del 2008 de que el crimen y el narcotráfico no pasarán? ¿Dónde está usted, señor Presidente?