OPINION
La industria de la música
Por David La Hoz El autor es abogado
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En la República Dominicana se carece de estadísticas sobre la cuantía de los ingresos que mueve la denominada industria de la diversión formada por el conjunto de los espectáculos musicales que se presentan en el país durante, por el ejemplo, el año de 2009, es decir por el periodo fiscal de un año.
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A los espectáculos se deben añadir las presentación de obras audiovisuales o cinematográficas como las televisivas; así como, la radiodifusión y la industria del disco o Cds, etc. Solo la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), publica sus ingresos anuales y los repartos que realiza a sus socios nacionales y extranjeros, pero se carece de control sobre las divisas que entran anualmente al país por ese mismo concepto, es decir por los envíos de regalías que producen artistas nacionales en el extranjero y, que a la vez, producen ingresos de divisas. Mejor dicho permiten informar a la nación que, en materia de Derecho de autor, el país mantiene una balanza positiva, esto así porque es más lo que nos ingresa que lo que sale del país.
Si tales estadísticas existieran otra sería, por ejemplo, la política de la Secretaría de Cultura, pues podría focalizar sus políticas públicas hacia los renglones más productivos del sector, por ejemplo, en materia cinematográfica el país presenta cierto despertar, pero, ¿se puede afirmar que nuestra balanza comercial es positiva en este renglón? ¿Qué podemos hacer para que mejore? ¿Sería conveniente para el Estado respaldar esta actividad? Estas preguntas y otras quedan en el tintero para que los entendidos, que no son más que golondrinas pretendiendo hacer verano sigan bajo la ley del propio esfuerzo nadando contra la corriente de un estado clientelar que no acaba de tomar conciencia sobre sus funciones en una amplia gama de temas cuyo desarrollo es la oportunidad que tiene la nación de procurar el bienestar general.
Todavía más, ¿debe el ministerio público seguir su vieja práctica de hacerse el desentendido ante las denuncias y hecho notorio de la piratería en calles, avenidas y comercios de Santo Domingo y todo el país? ¿Sabe el ministerio público cuanto pierde el Estado cada año con dicha negligencia? Probablemente, si conociera la respuesta otra sería su actitud.
De su lado, ¿sabe la justicia el daño que ocasiona a la sociedad cuando sus jueces asumen una postura pirata al dar fallos que estimulan la piratería y la violación al derecho de autor, o cuando simplemente, ignoran la propiedad intelectual en sentido general? ¿De existir estadísticas al respecto asumiría la justicia igual conducta? Estas son preguntas que requieren respuestas. Si cuando menos la Secretaría de Cultura en coordinación con otro organismo público iniciara el proceso de evaluar, cuando menos, la cantidad de Cds que ingresan al país cada año, habríamos iniciado una etapa en la cual se tendría una visión diferente sobre la importancia de la industria de la música. Pues el país sabría, al menos, cuan competitivo es en materia musical, y cuan necesario se hace que el Estado protega a los creadores de obras musicales.
Una primera respuesta sería que, por ejemplo, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, no sería la cenicienta de cultura, o, alguien diría que para mejorar su suerte, bastaría con que volviera a Industria y Comercio, pues cultura es una Secretaría pobre E industria y comercio es una secretaría opulenta. O a la inversa, las estadísticas mostrarían que cultura debe concentrar su acción pública en lo que debería ser su buque insignia, la ONDA.
El país es víctima del maniqueísmo estatal, como de una burocracia que piensa que si ellos van bien en lo personal, viviendo como parásitos en el Estado, el país ira bien, sin reparar en el daño que hacen a la nación y al sistema.
Ojala estos comentarios no caigan en terreno estéril y comencemos de una buena vez a valorar lo que tenemos y a hacer funcionar nuestras estructuras las cuales hoy parecen feudos privados más que órganos al servicio del pueblo y de sus hombres de trabajo. DLH-17-01-2010.
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