En nuestro país la Escuela Histórica tiene un gran arraigo, es decir, lo viejo prevalece sobre lo nuevo, la fuerza impera sobre la razón, la prepotencia impera sobre la equidad, la política predomina sobre el derecho, el oportunismo aplasta la verdad, el amiguismo sustituye a la razón, el odio al litigante de éxito ha alejado a no pocos de los estrados, pues quien desea salir de su despacho a ser insultado o incomprendido por un juez que no es juez, por su precocidad como por su talaje de neófito jurídico, la inseguridad prevale sobre normas ya establecidas, el dejad hacer, dejad pasar impera, la inercia pende sobre los débiles y los más sagaces se salen siempre con la suya, el bajar línea impide razonar a los jueces, pues se prefiere estar frío a hacer justicia, puesto que, cuando menos, se puede preservar el puesto, imperativo este que es superior en nuestro medio al de hacer justicia. Claro, se ha escogido a un personal con ese perfil, fuera de este es casi imposible mantenerse con algún decoro en la justicia, salvo particulares excepciones que no hacen sino justificar la regla.

Algunos hablan de la cristalinidad de la jurisdicción inmobiliaria y, sin embargo, fue ahí donde se detectó una mafia que llevaba años carcomiendo los cimientos de la propiedad real en el mismo interior de la Suprema Corte de Justicia. Existen ahí excepciones que, incluso, merecen ascensos, sin embargo, la generalidad de los administradores de justicia de esos tribunales dejan mucho para lamentar.

Fue en la jurisdicción inmobiliaria donde se dio el mayor desmentido a la versión aquella de que en el país “solo los jueces escriben”, aparecieron obras doctrinales realmente edificantes, en materia de condominio y tierras, como para desmentir aquella socorrida versión de que “aquí solo los jueces escriben”. Como respuesta a la pregunta de ¿entonces quien hace buenas jurisprudencias si son los jueces quienes están haciendo doctrina?

En materia de Propiedad intelectual, los abogados en ejercicio, superaron las magras decisiones de los jueces, hubo publicaciones realmente doctrinales, mas las decisiones de los jueces en esta, como en otras materias, son más propias del Siglo XIX, que del XXI. Esta es una real asignatura pendiente. Nuestros magistrados no distinguen entre pruebas legales y pruebas contractuales, no distinguen entre obligaciones que nacen de la letra de la ley y obligaciones resultantes de un contrato. Tampoco saben establecer cuál de los litigantes tiene el fardo de la prueba en cada situación de las planteadas. De un juez a otro, impera la dispersión, cada cual obra a su modo, pero bajo la misma constante, hacerlo mal.

El Derecho Civil se mantiene anquilosado, desde la perspectiva de la jurisprudencia, es como si esperasen que el legislador supla sus carencias. Aquí la cantidad de fallos farragosos supera la racionalidad y el buen juicio, pues, se prefiere mantener a esta rama del Derecho postrada. Dado el vínculo de esta con el Derecho Comercial, la salida que han debido buscar los abogados en ejercicio, es ir a la conciliación, bajo la premisa de que una mala negociación es preferible a un buen pleito en donde los litigantes, tanto los ganadores como los perdedores, sentirán que el fallo es inadecuado. Por esa causa, en 2009, el arbitraje ha emergido también como un importante medio alternativo para vencer la pereza de los jueces. Cada día los litigantes llegan a mayor número de transacciones extra judiciales que, tienen un efecto mayor y en menor tiempo que los fallos inciertos, absurdos e irracionales de nuestros jueces, son la norma.

En materia laboral, como en materia de familia, Derecho de género, violencia intra familiar, los culpables, como los fallos, se conocen previamente al juicio. Pues las pruebas no tienen valor sino el supuesto sano razonamiento de un juez que no es juez, en razón de que actúa en función de la línea que le trazan para no calentarse, justificado con el exceso de trabajo, su propia ignorancia e incluso la maledicencia, pues el temperamento, como la envidia que siente sobre abogados litigantes de éxitos les obnubila la razón, todas las bajas pasiones caben aquí para nutrir de incompetencia al juez.

En materia penal, la situación es todavía más grave. Esto así porque de más en más, el sano razonamiento del juez consiste en evaluar el peligro del imputado que tiene al frente, como carece de protección para él y los suyos, deja casi siempre a la víctima sin justicia alegando que no está en capacidad de asumir los riesgos de fallar contra determinados delincuentes, pues unas veces el poder político, en otras el poder económico, militar o social, como la peligrosidad del acusado intimidan al juez. De manera que la justicia penal atraviesa una crisis mayor que las demás ramas jurídicas. Solo cuando un potente movimiento de opinión pública nacional e internacional obran, los jueces toman cierto cuidado en ver cómo y qué fallan.

Como podrá observar el más lego en materia de justicia de mis lectores, no hemos tenido como país un buen año en el desempeño de administración de justicia, esto tampoco significa que no hallamos mejorado, los entendidos dicen con Savigny a la cabeza que, aun en la inercia, las sociedades avanzan en materia de administración de justicia, pues ni el hombre en su individualidad, ni los pueblos en su conjunto, suelen acostumbrarse a vivir bajo el imperio de la injusticia. Así, mientras más ruido social haga una denegación de justicia, mientras más se repita, más cercano estará el día en que la justicia honrará su nombre. DLH-4-01-2010.