Apenas unos cuatro o cinco candidatos se presentaron a este encuentro que terminó desierto, y luego vino el anuncio del nombramiento de un director que resultó ser un desconocido. Pasó lo de siempre: se trató de una trampa, nunca hubo concurso, y el elegido resultó ser un amigo de infancia de la familia del titular de la PGR de entonces. Hoy, tras cinco años, la realidad del INACIF es clara para todos: Una organización infuncional y un falso director. Así como falso son sus directivos, su Consejo Directivo y su rol de policía al servicio de la administración de justicia.

Solo los oficialistas que se han prostituido en los puestos del gobierno, consignan la apertura de este órgano forense, como un gran paso dentro de la transformación del sistema de Justicia criminal. De un organismo socialmente vivo, que de manera férrea debía interactuar como órgano central, relacionados con los propios tribunales de justicia, la Policía Nacional, el orden penitenciario y la comunidad, ha devenido en un fantasma que no ha articulado ni una sola actuación digna del predominio con que nacen estos institutos.

El panorama dominante sobre los problemas del INACIF fuerza a los investigadores a criticar la presencia de un director ignorante, por no tener ni la titulación ni los dos años reglamentarios conforme lo establecen la mayoría de Ministerios Públicos del mundo, necesarios para dirigir operaciones de investigaciones criminales. En realidad, la cuestión es otra, y más trascendental:

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses no puede investigar crímenes. La primera condición de lograrlo es exista una organización representadas por individuos que hayan realizados estudios superiores, no iniciales, o en base a un nombramiento.

Hemos llegado al quinto año y nadie puede en su sano juicio valorar positivo a esta institución. En el caso Baldera, que es el último, no lo vimos participar en las ruedas de prensa, aportar informes; la prueba de ADN fue solicitada por un Programa de televisión, lo cual es inadmisible.

El INACIF no puede considerarse un auténtico instituto, y la culpa la tiene el Ministerio Público que no tiene una actitud sincera con respecto la legalidad de la investigación, porque lo más importante es hacer justicia e investigar los hechos de acuerdo a reglas procesales definidas.

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