En cuanto a la violencia que pueda surgir de ellos, no es más que una consecuencia realista de la fe perdida en la utilización de la cárcel como una forma de rehabilitar a los condenados, del abandono de los liberados y de desfavorecer la prevención de los condenados; y, como consecuencia de ello, la reincidencia de los delincuentes que están en permanente éxodo hacia las cárceles.

Por otro lado, el esquema ideal dominante de nuestras cárceles, de reclusos «feos, sucios y pobres», nos enfrenta ahora con otra realidad: Los repatriados también son muchos. Y, evidentemente, son los dominicanos los que encabezan la mayor población de repatriados en todo El Caribe; un total de 12,743 en los últimos 8 años, seguido muy de cerca por Haití y Jamaica que se suceden, respectivamente.

Así lo ha puesto en detalle un estudio reciente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, 2000), que explica las expectativas desde el punto de vista de los mismos repatriados que «tienen como objetivo principal volver a aquellas grandes urbes donde pueden desarrollar sus actividades ilícitas y donde han quedado también sus familiares fuertemente establecidos».

Y, siendo común que a todos nos está permitido opinar sobre la problemática de la violencia, o decir que los repatriados generan la violencia de la ciudad, nos gustaría exponer en otro nivel de análisis nuestro parecer criminológico, por ser el más útil en estos momentos; aunque no sea de gran interés para las autoridades del país. Claro está, la violencia no es un problema cuya discusión, análisis, sea exclusivo de los especialistas de la criminología. Las decisiones que transcurren sobre la problemática de la violencia vinculadas a los convictos en el extranjero (ligadas casi siempre al consumo y ventas de estupefacientes) son muy globales, y no se ejercen acciones de la misma manera ni en el mismo nivel como ha estado planteando esta ciencia.

Partiendo del supuesto de que no se tiene una definición justa de los liberados de cárceles, y, por lo tanto, nos confiamos de un juicio a priori, a no ser que ésta sea la forma en que los liberados «estén en la censura de la sociedad», es necesario comprobar, al menos, que de los muchos muertos registrados en los enfrentamientos violentos, la mayoría sean repatriados; o mejor aún, que de los miles de detenidos de las actuales redadas por los barrios, demostraran ser los mismos que ahora se responsabilizan de la violencia en el país.

Porque ellos –los repatriados– son vistos como un problema y al mismo tiempo como la causa de otros problemas. Es de este modo que el estudio de la violencia delictiva que nos afecta hoy, a través de ellos, ocupa en el espectro social un «campo atrincherado», prefabricado. La voluntad política de estudiar la violencia que crea una secuela de daños materiales, físicos y morales es vista aquí como una de las principales causas: La cárcel, al parecer, no es una prioridad de los gobiernos que han sucedidos ni del que va en curso, y es un error, porque justamente la violencia común es la que genera una mayor inseguridad social, mucho más que el llamado crimen organizado o lavado de dinero, con los que se vinculan a los repatriados. En el fondo de todo este problema existe una correlación directa entre la delincuencia, las estructuras de desarrollo y el infortunio penitenciario, que influyen en los grupos sociales más populares, donde la población está permanentemente enfrentada a problemas económicos y sociales en crecimiento, para terminar luego en las cárceles en las que domina la violencia de la institución, a veces de manera forzosa.

También la ciudad se está volviendo loca con la violencia de las cárceles que la afecta; si en la sociedad abierta el sentimiento de comunidad se opone hoy día al sentimiento de inseguridad; en las prisiones, las normas de seguridad se oponen a las normas de humanidad de los empleados de la institución carcelaria. La realidad objetiva de esta forma de delincuencia está produciendo un intenso miedo subjetivo entre los clientes invitados por el sistema penal, que son sacados de las cárceles sin haber cumplido la pena, para luego ser deportado a sus respectivos países; pero más luego, se produce el reencuentro con la impunidad de los funcionarios del sistema judicial, la injusticia social, la corrupción judicial y la desconfianza de la gente en la ley penal, entre otros; todos estos factores están proyectando entre los ciudadanos un mal ejemplo.

En cuanto al narcotráfico y la delincuencia sometida de los barrios, en los que vemos los asaltos espectaculares, los intercambios de disparos, es harto difícil establecer los lazos de causas y efectos de ambos fenómenos; es decir, entre la violencia y los repatriados. Con frecuencia los mismos problemas psicosociales del egresado de cárcel estadounidense conllevan a la delincuencia, al uso de las drogas y al círculo vicioso y rutinario de la violencia social.

En las garras de la violencia todos podemos caer. Ni siquiera importa que se trate de las clases sociales más ricas: Todos estamos presos en la violencia: «Quien más, quien menos». Y como consecuencia de los repatriados de las cárceles estadounidenses ya están enrejadas las casas de los que tienen algo que perder, de los que hoy contratan seguridad privada a toda prisa; los pobres, esos están presos del miedo, de la desesperación, porque es allí donde esa gente se devora entre sí, allí es donde van a parar las balas que no distinguen entre la gente humilde y los desesperados de la violencia. De los demás, se encargarán los medios de comunicación de masas, la injusticia social, el Código Penal y la Policía.

En cuanto a la Policía, que ejerce al mismo tiempo funciones represivas e invoca funciones preventivas, estos se han convertido en los ciudadanos más resueltos a matar a todos los delincuentes traídos a la delincuencia por la violencia social.

Sus programas de medidas preventivas en favor de la ciudadanía, no se conoce en lo particular; por lo que ha llegado el momento de que los policías y la comunidad mancomunen esfuerzos a favor de la disminución de la criminalidad de los barrios.

Las soluciones al problema de esta modalidad de la violencia no se logran en lo inmediato; al menos, no directamente. Sin embargo, se impone un cambio de actitud con respecto a la lucha contra la violencia, en lo que respecta a que se han realizado muy pocos esfuerzos y exiguos estudios a los fines de entender las causas y los efectos que ella crea; por lo que sabemos de las estadísticas y los números precisos de otros países, es necesario la recreación de redes de información para interpretar la tendencia que toma la criminalidad, pero ha sido difícil articularla en una estrategia.

El escaso o nulo intercambio de información sobre la violencia de otros países sobre esta modalidad de delincuencia transnacional nos ha mantenido ausentes en seminarios y foros, donde al menos entenderíamos el modelo de violencia al que pertenecemos nosotros y, por lo tanto, nos permitiría entender cómo recuperar la población penitenciaria.

Más allá de lo que hemos desarrollado en este trabajo, básico y substancial, en cuanto a prevenir la violencia, nos toca esperar el plan de acción general anunciado por el Gobierno Central; nos confiamos que se realice regularmente. De sus resultados hablaremos después.

Este análisis está justificado por la noticia que hoy hace pública el Departamento de Estado, de unos 2,715 para RD en lo que va del año 2009. Ese total es sólo de condenados por tráfico de drogas. Sin embargo, no debemos estar de acuerdo a que nosotros representamos una “estadísticas record de repatriados”.

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