El sistema de investigación criminal nacional es quimera. Y la Comisión representada por Procuradores Adjuntos no nos ofreció un informe forense, sino que se trató una vez más de funcionarios que sólo ostentan la función. Es por eso que deseo dar a conocer las fallas de esa investigación.

Primera falla: Las agencias de investigación criminal en el país no jugaron ningún rol en estos grandes casos, porque son puestos en calidad de directores a personas sin habilidades de investigadores forenses. En el presente existen tres directores de organismos de investigación criminal: Policía Científica, INPF y en último lugar el INACIF.

Segunda falla: Lo más importante en este caso siempre fue investigar la escena de secuestro y ésta nunca se tuvo. La escena del crimen es donde se diploma el fiscal y donde él aprende la verdadera universidad de la experiencia; ésta no existe para policías, sino para peritos, que en nuestro país siempre son los grandes ausentes.

Tercera falla: No pudo lograrse una concreción criminal; es decir, el crimen de secuestro ciertamente se investigó (de acuerdo a múltiples ruedas de prensa), pero no se procesó y menos se juzgó a nadie, de acuerdo a los principios básicos de la criminalística moderna.

El descubrimiento de un crimen es un acto de investigación, en ello se cuenta una historia; existen principios generales de identificación; se documentan los hechos a través de secuencias fotográficas, se elaboran las actas de evidencias encontradas, se hacen varios informes forenses. Si lo apreciamos en su conjunto, si nos atrevemos a dar un paso más apropiado, hay que variar el rumbo de la Policía Judicial, porque en la investigación del secuestro, todos estos aspectos fueron escasos.

Después de haber gastado una cantidad exorbitante de dinero, y de desbaratar el caso la misma PN, es claro que esto constituye un fracaso para la sociedad, permitirle a los uniformados investigar crímenes. Es tiempo de organizar la Policía Judicial, porque es tiempo de cambiar el Ministerio Público, que ya no puede estar al servicio del Poder Ejecutivo, con autoridades que se desempeña como políticos y no como servidores de la administración de justicia penal.

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