Son ellos el ingeniero Antonio Ramírez Medina, ex director regional de la Secretaría de Estado Agricultura (SEA), con asiento en San Juan de la Maguana, conjuntamente con cuatro ex funcionarios de esa demarcación de la referida cartera y otros nueve supuestos productores agrícolas que habían intentado estafar al Estado dominicano, a través de dicha institución con montos que superan los RD$29 millones.

En la instancia dirigida por el director de la DPCA, licenciado Hotoniel Bonilla García, al juez de la Instrucción de ese Distrito Judicial, se le atribuye a los señores Antonio Ramírez Medina, Victoriano Reyes Mesa, Héctor Morillo, Fernando Arturo Ogando Montero, César Apolinar Garabito Ramírez, Rafael Reyes Mesa, Carmen Mateo Mateo, Saida Mateo Medina, Keisy Encarnación Martínez, Carmen Cipión Amancio, Mateo Pinales Montero, Yarisa Matos Mateo, Jos Marys Gómez Cipión y Vidal Julián Matos haberse constituido en asociación de malhechores para defraudar caudales públicos, mediante la elaboración de facturas fraudulentas, puesto que se hizo consignar la entrega del indicado producto sin que los mismos fueran recibidos por la SEA, en razón de que los alegados productores nunca han cosechado el producto.

Afirma el Ministerio Público, que ha podido comprobar que a través de dicho procedimiento doloso se fraguaba una millonaria estafa al Estado dominicano, por concepto de compra de unos 75,855.48 quintales de cebollas, para la cual se realizaba una facturación por montos que oscilan entre doscientos mil pesos y dos millones de pesos, que serían cobrados por supuestos productores, que luego de la investigación, resultaron ser allegados y familiares de los funcionarios encargados del proceso, y de los responsables del pesaje del indicado producto, lo que constituye un acto de corrupción éticamente censurable y penalmente reprochable.

Conforme al escrito de acusación redactado por la DPCA, en el caso del señor Antonio Ramírez Medina, haciendo valer su calidad de máxima autoridad de la SEA en San Juan de la Maguana, no procuró revestir de la debida formalidad el proceso de compra de cebollas en la comunidad, ordenó desde el principio la utilización de un talonario de facturas simples pertenecientes al antiguo Programa Centro de Venta Materiales Agropecuarios (CEVEMA), las cuales no poseían los números de RNC ni de Comprobante Fiscal necesarios para la erogación de fondos por parte del Estado a los productores. Esto contribuyó al desorden que imperó y a las irregularidades en la elaboración de las mismas, lo que trajo como consecuencia que funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Secretaría de Estado de Agricultura se negaran a auditar las referidas facturas por no cumplir con los requisitos necesarios, obligando al imputado a regularizar las mismas antes de ser recibidas por dichas entidades. No obstante, el intento de estafa al Estado permaneció con la elaboración de las nuevas facturas.

Asimismo, se indica que el señor Ramírez Medina se asoció ilícitamente al imputado Victoriano Reyes Mesa, quien se dedicó a extorsionar a los verdaderos agricultores, exigiéndoles el pago de “peajes” de sumas que oscilaban entre los RD$3000 mil y RD$15,000 pesos para poder pesarles el producto, lo que efectuó en contubernio con los imputados Héctor Morillo y César Apolinar Garabito Ramírez. Además, hicieron expedir una gran cantidad de facturas millonarias a personas, familiares y allegados que nunca sembraron cebollas; en otros casos, efectuaron facturas por montos superiores a las cantidades de cebollas pesadas.

Esa acción es sancionada por los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 172, 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano.