Una Constitución se entiende como un pacto social que busca que la guerra de todos contra todos que existe en el Estado de Naturaleza quede zanjado por intermedio de un estado civil, esta vez se le ha denominado social, en el cual los intereses sociales queden armonizados y sean prevalentes respecto del interés privado.

Sin embargo, la Constitución que se ve venir es -en este aspecto, y en muchos otros-, es contraria a la paz social, no han terminado los trabajos de la Asamblea Revisora y ya las protestas se sienten en toda la geografía nacional, es un pacto parcial y corporativista que pone a los ciudadanos y ciudadanas de espaldas a las playas. Es una constitución que se contradice con mucha frecuencia dentro de su propio texto, proclama el Estado Social pero no define la función social de la propiedad y limita derechos ya adquiridos, como el Derecho al solaz esparcimiento y al disfrute de las playas, derecho consagrado hace tiempo en casi todas las constituciones europeas y en la ley 541 desde 1969.

Es una Constitución que conspira contra el desarrollo turístico inmobiliario porque convierte a los propietarios frentistas a las playas en dueños absolutos de éstas en detrimento de aquellos propietarios aledaños pero no frentistas como a la ciudadanía en general. ¿Qué se busca con ello? Se sabe que, por mucho tiempo, la Dirección de Mensuras Catastral junto a agrimensores inescrupulosos lotificaron a nombre de la sacrosanta y ilegal propiedad privada, prácticamente todas las playas del país. Esa iniquidad ha debido ser corregida y, sin embargo, ahora se pretende ser constitucionalmente legalizada. Es una constitución que no respeta el dominio público porque proclama su existencia sin establecer límites a la propiedad privada sino, a la inversa, limita el dominio público a lo que no sea privado, es decir a nada porque todo ha sido lotificado y deslindado.

Cuando el doctor José Francisco Peña Gómez fue escogido síndico de Santo Domingo, una de sus primeras decisiones fue recuperar para el pueblo la playa de Boca Chica. Hace unos años varios magistrados jueces de la Suprema Corte de Justicia fueron impedidos de acceder a una playa del norte porque era propiedad privada; en Bávaro, es casi imposible acceder a la playa y diversas revistas inmobiliarias tienen publicidad en las que se afirman que se venden apartamentos y villas turísticas con playas privadas.

En Bayahíbe hasta el Parque Nacional del Este, ha sido lotificado y se encuentra con fuertes presiones para hacerlo desaparecer; en Bahías de las Aguilas la notificación se hizo bajo el imperio de la ley de Reforma agraria y los señores asambleístas saben de la fuerte controversia allí existente. El Morro de Monte Cristi ha sido prácticamente urbanizado en su totalidad. Lo mismo ha acontecido con la ley sobre áreas protegidas y sus límites. De manera que antes que armonizar y establecer seguridad jurídica nuestros asambleístas han optado por reabrir conflictos que se creían superados con la ley 108-05 y con la 64-00 y la 202-04.

Invocar la ley de comunicaciones es desconocer la ley 64-00, pues con la 305-68, se dio en España como aquí, un retroceso que produjo fuertes convulsiones, hasta que la Constitución del 78 limó asperezas, es decir consagró el dominio público y se promulgó una ley de costa con espacio prevalerte para las playas, en tanto bien público. Aquí está ocurriendo exactamente lo contrario, pues la claridad del artículo 538 del Código Civil no deja mentir. El dominio público es una figura jurídica que existe desde la época de Roma y se mantiene impertérrita. Cualquier análisis sobre el uso moderno del concepto de propiedad pasa por el barniz y los límites del interés social.

La inquietud de los hoteleros debe ser ponderada pero en un análisis abierto donde pueda claramente establecerse que la responsable de la inseguridad y de la agresión constante que sufren los hoteles se debe a la incapacidad de la SECTUR de poner orden en las playas, como a la falta de institucionalidad que impide a los ayuntamientos tomar el control de la seguridad en las zonas playeras, digámoslo con propiedad, los ayuntamientos no han recibido la participación institucional que requieren para garantizar la seguridad y la limpieza en las playas y balnearios, pero no se conoce ningún plan específico para resolver ese problema. En sus inicios la iniciativa del otrora INFRATUR funcionó en Puerto Plata, luego de su abandono, se dijo en la SECTUR que el tema sería retomado por ésta, incluso, se habló de pasar a la SECTUR todo el personal del INFRATUR pero todo quedó en palabras y buenas intenciones de esas conducen al infierno que hoy estamos comentando.

Dicho de otra manera, lo que estamos diciendo es que cuando un Proyecto llega para fines de aprobación a la SECTUR como a Obras Públicas, están ya establecidos, por resoluciones administrativas, los espacios o accesos a la playa que ha de haber cada cierta distancia, tomando en cuenta que la actividad de los hoteles de playa no sean afectadas, el problema viene cuando la política convierte a la política turística en clientelar o cuando se usa esa cartera como trampolín para que políticos de ocasión elaboren perfiles en perjuicio de la principal actividad económica del país. O, por qué no, cuando la corrupción entra en escena. Cuando esto ocurre la decisión técnica cae al piso y vienen las usuales modificaciones e inobservancia, a menos que el inversionista acepte el chantaje y se pliegue a los designios del corrupto. Esta situación ha creado un mal mayor y consiste en que en un escenario así solo la inversión no transparente progresa pues ninguna fortuna lícita acepta extorsión.

La SECTUR necesita sacar a los políticos y a los oportunistas de su dirección para que los especialistas tengan no solo voz sino capacidad de decidir. Debe sacar también el corporativismo porque cuando la competencia hace funciones de Estado crea un malestar en el sector y el abuso de poder no tarda en emerger. O bien, todos comienzan a bailar la música que se les coloca. El Banco Central es de las pocas instituciones públicas del país cuya voz técnica es respetada por eso, el modelo del INFRATUR vigente todavía en la ley de 1975 que le dio vida, es el modelo a seguir. Pero jamás puede, técnicamente hablando entenderse que privatizar la playa, en un país plagado de títulos ilegales, de agrimensores inescrupulosos que han deslindado hasta los mares del país, se puede entender que ésta sea una solución. DLH-11-10-2009.