Esta vez se resalta la escasez de maestros a nivel mundial y los retos que afronta el magisterio actualmente, cuyo compromiso incluye el desvelo para que los alumnos adquieran competencias sólidas en temas esenciales y para que lleguen a ser ciudadanas y ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción de la paz, el bienestar y el respeto a los derechos humanos incluyendo al equidad de género, como lo declaró la Conferencia Mundial de Educación Superior en julio del presente año.

Nos encuentra este día todavía con la aspiración de que se aplique el conjunto de principios planteados por la UNESCO en su recomendación referida en el primer párrafo, en la que reconoció la función decisiva que desempeña el personal docente para el avance de de la educación en este nivel, así como la importancia de su contribución al progreso de la humanidad y de la sociedad moderna, por lo que debe gozar de una condición acorde con sus funciones.

Dicho organismo reconoce también en la declaración referida, que la docencia en la enseñanza superior constituye una profesión que se adquiere y se mantiene gracias a un esfuerzo riguroso de estudio y de investigación durante toda la vida al tiempo que requiere de quien la ejerce profundos conocimientos, un saber especializado y un sentido de responsabilidad personal e institucional.

La realidad contrasta con esa aspiración en la mayoría de los países en desarrollo. En el caso nuestro, la situación la describe la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencias y Tecnología cuando afirma que la educación superior dominicana ″es poco competitiva en términos internacionales y que no cuenta con los recursos humanos y financieros que garanticen la continua generación de conocimientos innovadores y servicios de calidad, condición ésta que depende, en buena parte, de la calidad de su personal docente″.

De acuerdo con la cartera educativa dominicana nivel superior, ″el diagnóstico muestra una baja autoestima del personal docente por la falta de reconocimiento de su labor, la formación deficiente y la baja remuneración″, con un personal contratado a destajo y con limitados derechos laborales en la mayoría de las instituciones que fungen como empleadoras.

El diagnóstico lo confirma el hecho de que en el mejor de los casos, un docente con la más elevada categoría, es decir, profesor titular, el máximo pago que recibe por una hora de docencia teórica en el nivel de grado es de 11.73 dólares y 7.25 si se trata de docencia práctica. Si en cambio, se trata de un profesor de nuevo ingreso, el pago máximo se reduce a 7.38 dólares la hora teórica y 4.58 la docencia práctica.

A la situación anterior se le agrega la excesiva carga de docencia de 40 horas semanales para un contrato de tiempo completo y el elevado número de estudiantes por sección que en muchos casos alcanza a 100 y más alumnos. Además, las pésimas condiciones de a aulas, talleres, laboratorios y otros espacios destinados a la docencia y la investigación.

Si se mantienen las condiciones citadas, alcanzar el objetivo propuesto por la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología en su Plan Decenal de Educacion Superior, de incrementar el número de docentes a 26,500 para el 2018 que satisfaga un incremento en la matrícula estudiantil a 662,100 estudiantes en el mismo año, al parecer resultaría difícil. Más difícil aún, si se pretende que esos objetivos cuantitativos se acompañen con niveles superiores de calidad, porque cada vez menos profesionales de elevada formación se motivan para dedicarse a la labor docente y de investigación.

Todo ello conduce a la conclusión de que tiene que producirse el pacto social que hemos propuesto en ocasiones anteriores para elevar la calidad de la educación, que comienza, como ya se ha dicho, con la calidad del personal docente, uno de los factores claves en el proceso de enseñanza aprendizaje. Un pacto que conduzca al cumplimiento de la ley y de los acuerdos internacionales en materia de inversión del Estado en educación.