¿Qué pasó? Existe coincidencia en que el primer grave error fue sustituir al pueblo. Desde época de los griegos, la democracia que se practicó, la llamada democracia directa, es decir, del pueblo reunido en asamblea que deliberaba y luego resolutaba leyes, decisiones que luego tenían carácter vinculante para los poderes públicos. Mario y Sila, cada uno por su lado, pretendieron sustituir al pueblo y al Senado, supuestamente para abrirse paso hacia el poder absoluto. Lo que consiguieron fue matar la República y allanar el camino a Julio César. Así pereció la Segunda modalidad democrática del mundo.

En la Edad Media, luego de tortuosos avatares, en Inglaterra, como en Francia y Alemania, es decir, en tierras de los bárbaros, se fue imponiendo una nueva modalidad para salir del autoritarismo: el pacto social o contractualismo. Según esta nueva modalidad, el gobernante no podía pretender derechos absolutos ni sobre el Estado ni sobre el pueblo, pues el carácter absoluto era parte de la soberanía popular. De manera que quien debía tener mandato finito era el gobernante.

La Carta que los nobles de Inglaterra hicieron firmar a Juan sin tierras hacia mediado del Siglo XIII, marca el rumbo del contractualismo constitucional. Desde entonces, las chartes o cahiers crecieron como la verdolaga en toda Europa, aunque de manera paulatina.

Pero su mayor repercusión ocurría en América, los colonos de Norteamérica habían salido de Inglaterra con su carta de derechos bajo el brazo, firmada por la Reina de Inglaterra, en ellas estaban contenidos sus derechos en tanto súbditos de aquella corona. Esa experiencia permitió hacer luego una Carta Federal que se conoce como la Constitución de Filadelfia, en 1776. Es así como emerge o bien renace el Republicanismo constitucional, teniendo como fundamento y actor principal al pueblo. A nadie le está permitido suplantar al pueblo. Ese principio estuvo franqueado por la noción de que la Carta de los Padres Fundadores no está sujeta a modificaciones o cambios, de manera que lo único prácticamente inmutable, en Estados Unidos, es la Constitución.

El pueblo no tiene diputados sino representantes, estos representantes no están vinculados a un partido sino a sus electores, aunque llegan al cargo por intermedio de un partido. No tienen un corso abierto, pues su poder es limitado y siempre sujeto a consulta popular o referéndum, solo tienen poder, en la medida interpretan el sentir popular y siempre que estén debidamente autorizados para asuntos que sean constitucionalmente delegables, cuando dejan de hacerlo cada condado que los eligió, los echa a la calle. De manera que el bipartidismo reinante no ha podido suplantar al pueblo. El pueblo permanece siempre soberano y los representantes tratan siempre de no exceder su ámbito siempre limitado.

En el caso del constitucionalismo dominicano, otra es la historia. Entre nosotros, la primera constitución, nos la impuso Toussaint Louverture, en 1801. Primera Constitución despótica que se aplicó a toda la isla. Luego, en 1844, el golpe a la constituyente de San Cristóbal que propinó Pedro Santana, se asemeja al golpe que hoy día dan a la Reforma Constitucional Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Claro, existe otro antecedente, es el relajamiento constitucional que sentó el horacismo gobernante en 1929, que abrió el espacio necesario para la llegada triunfal de Trujillo al poder. Con lo que viene a quedar establecido que el autoritarismo no es más que la consecuencia de los excesos de los dirigentes supuestamente democráticos o republicanos. Dicho con otras palabras, no es la dictadura quien mata a la democracia sino, las ideas, las acciones de los dirigentes que buscan suplantar al pueblo o negar el vínculo contractual que debe existir entre gobernantes y gobernados. Existe poca experiencia sobre la forma y manera de reglar las relaciones entre electores y representantes, pero el tribunal de garantías constitucional, es un instrumento adecuado, siempre y cuando no quede viciado por suplantaciones autoritarias o limitaciones excluyentes.

Es la segunda vez que Miguel Vargas, hace el juego al Presidente Fernández, quien, luego de haber cometido el fiasco de renunciar a una asamblea constituyente como había sostenido siempre su partido, se enfrascó en una asamblea revisora, cayendo su proyecto en el mar de intereses individuales y de grupo que pululan en el Congreso Nacional. Al punto de que hoy poco queda de la idea original del Presidente, pero antes que enmendar el error, ha preferido profundizarlo sin darse cuenta de que, probablemente, esté enterrando la República, es decir, la libertad, pues el mamotreto que está quedando es una vergüenza para los principios democrático-republicanos situación que no augura nada bueno.

El punto es que ni en la primera ni en la Segunda versión del Acuerdo Leonel-Miguel, éstos han cumplido con los procedimientos de lugar que exige la democracia. No han consultado ni a sus respectivos partidos ni a la opinión pública, mucho menos al pueblo, han actuado como verdaderos autócratas al estilo de Mario y Sila. Al interior del PRD existe ya un sostenido cuestionamiento institucional a la conducta de Vargas Maldonado; en cambio, en el PLD, nadie lo dice en voz alta, pero por lo bajo, nadie está de acuerdo con ese proceder más que en los casos en que se le está permitiendo ordeñar con creces la vaca del Estado, o que la posibilidad de optar por un segundo periodo congresual por seis años esté haciendo, a no pocos, olvidar los principios que han sostenido por toda una vida. Ojalá que el derrumbe de la democracia no les despierte de su sueño de poder siempre pasajero y a veces trágico. DLH-27-9-2009.