Los más preocupados y con mayor desarrollo cívico, nos levantaremos bien temprano, para hacer nuestras filas en los centros de votación, buscaremos nuestras mesas electorales y sin mayor esfuerzo, ejerceremos nuestro derecho constitucional de escoger a nuestros representantes en el congreso nacional y en los ayuntamientos del país.

Obviamente al llegar ese momento, experimentamos un ligero frío en la espina dorsal, al abrir las boletas y leer, quienes conforman las opciones, por las cuales nos debemos de decidir, para seleccionar el Senador de mi provincia, el diputado de mi circunscripción y el sindico de mi municipio.

El escalofrío, es natural frente a lo incierto del panorama – salvo raras excepciones que confirman la regla –. Lo vimos en las propagandas atropelladas y ruidosas, que durante meses adormeció nuestro sentido cívico y que en el fondo del alma, anhelábamos que transcurriera el periodo electoral, para tratar de volver a “la normalidad cotidiana” y descansar de los (y las) candidatos (as) que con lenguaje insulso y prefabricado, pretendían convencernos de lo imposible.

Al momento del voto, a la hora de la verdad, nuestra aprensión sí era un prejuicio pequeño burgués, adquirió de repente, categoría de cuasi-indecisión. ¿y ahora? . Solo he atinado a recordar el pasado recientísimo:

Durante cuatro años el congreso nacional ha sido incapaz de poner en ejecución una ley que ellos mismos votaron y que a ellos mismo impone la condición de ejecutores para su entrada en vigencia.

Me refiero a la ley número 19-01 de fecha 1 del mes de Febrero del 2001, que creó la figura jurídica del Defensor del Pueblo. No he encontrado un solo candidato, ni de lo que pretenden repetir en el cargo ,ni de lo que se aventuran a ocupar una curul, que haya explicado convincentemente las razones del porqué no se ha escogido el Defensor del Pueblo. ¿Qué hicieron durante esos cuatro años para poner en ejecución que todo el país espera? ¿Debemos de votar por esas gentes otra vez?.

Esa es una. La otra es la ley numero 87 del mismo 2001, que creó el sistema universal de Seguridad Social, para todos los dominicanos, ¿y que hicieron los pundonorosos legisladores? Sin detenerse un instante para reflexionar, crearon un sistema de protección, seguridad social y pensiones para ellos mismos.

En una acción a todas luces antietica, ventajista e inconstitucional, ya que la propia Constitución prohíbe todo tipo de privilegio a favor de sectores unilaterales. El engendro del Plan de pensiones para el legislador es una acción antijurídica y solo entendible en un país subdesarrollado y postrado como la Republica Dominicana, donde un grupo de vivos, se burla del propio pueblo y vulnera sus instituciones.