Es más, nos atrevemos a afirmar que tendrá una repercusión positiva mayor que el DR-CAFTA, no porque la nación no haya podido percibir todavía el impacto del DR-CAFTA sino porque los efectos de un sólido acuerdo en el tema de los combustibles fósiles inscribe a la República Dominicana dentro del marco de las naciones que tienen garantizado un efectivo suministro de combustibles, mientras estos existan, pues se sabe, que Venezuela es uno de los estados con mayor producción y reservas de petróleo del mundo.

Es decir, es un socio en capacidad de cumplir sus obligaciones contractuales por poseer en abundancia la cosa objeto de negociación.

El acuerdo garantiza precios justos, es decir, precios iguales a los que tienen los ciudadanos de Venezuela en su país. Algo de lo que nadie debe extrañarse si se toma en cuenta que ya para 1821, José Nuñez de Cáceres planteó que la República Dominicana formase parte de la Gran Colombia que estaba construyendo Simón Bolívar.

De entonces hacia acá, las relaciones Dominico-Venezolanas han sido relaciones de hermanos. No puede en consecuencia ningún dominicano entender que se lesionan los intereses nacionales con dicha negociación. Es más, si existen en Dominicana un empresariado nacional y un empresariado extranjero, como en efecto entendemos que existen, es obvio entender que la competitividad de Dominicana ha subido el precio de sus acciones luego de dicho acuerdo, porque aporta lo que está escaseando en el mundo para mover la industria y los negocios en la era moderna: petróleo. Es la forma más inteligente de poseer petróleo sin tener pozos petroleros.

Ningún interés particular puede estar por encima del interés general, ningún otro estado basado en los razonamientos que fueren, puede objetar ese acuerdo. Incluso, los propios Estados Unidos tienen acuerdos de suministro privilegiado de combustibles con la propia Venezuela, es decir, Estados unidos depende de Venezuela en el renglón combustibles, y pese a algunos escarceos diplomáticos, ningún congresista estadounidense ha objetado que el Estado de Washington y Jefferson mantenga dicho acuerdo con la Venezuela de Simón Bolívar. Esto así porque además, por encima de cualquier otro razonamiento jurídico-político, están los intereses de los consumidores que son derechos de tercera generación muy en boga para ser soslayados por rancios criterios de la era de la Guerra Fría.

La Refidonsa requiere ser transformada, se sabe que la Shell no invirtió un centavo en convertirla en una refinería real en su dilatada estancia al frente de ésta, se limitó a aprovecharse de las ventajosas condiciones de negocios que le otorgaba el Estado de Venezuela no a ella sino al Estado Dominicano, a quien explotaba por igual, sin dejar nada a cambio.

Las voces interesadas en pescar en río revuelto nunca dijeron nada sobre las desiguales relaciones que mantenía el Estado con la Shell porque eso era afectar la sacrosanta propiedad privada. A la Shell nadie la sacó, se fue cuando así lo determinaron sus intereses particulares, cuando se dio cuenta que para seguir el negocio debía invertir una fuerte suma en modernizar la planta que tantos beneficios les dio, y hubo que pagarle muy caro las chatarras que nos dejó con el falso nombre de refinería. Si Venezuela garantiza la inversión que la Shell se negó a hacer, nos suministra petróleo a precios estables, nos convierte en exportadores de productos refinados, creándonos de paso empleos ¿por qué rechazar dicha oferta? ¿Acaso somos tontos? ¿Quién puede hacer una oferta mejor que Venezuela? Ninguna de las voces que han salido, ni los lobbistas que han sido contratados con altas sumas de dólares generados en la República Dominicana, están en capacidad de ofertar una mejor opción.

En cambio, estamos de acuerdo con las críticas que se hacen al Gobierno Dominicano por su incapacidad para explicar al país los términos del acuerdo y para defenderlo a capa y espada, como si tuviesen vergüenza de haber realizando la más trascendente negociación que se ha hecho en el país casi en toda su historia.

El gobierno debe actuar de cara a la nación y defender con gallardía sus buenas ejecutorias. Las asociaciones de consumidores deben hacer oír su voz al respecto junto con las demás organizaciones de la sociedad civil en razón de que criterios corporativistas no deben prevalecer sobre los derechos de los consumidores.

El principio de soberanía resguarda a todo estado Nación de la posibilidad de negociar con sus pares del mundo. El DR-CAFTA no puede ser visto como una pinza para restringir la soberanía. Es un mal servicio que se hace a un acuerdo que ha nacido convaleciente por la pésima forma en que se negoció. Los que participaron en ese desastre no pueden aparecer ahora como profetas, tampoco los críticos interesados de la oposición vacía pueden darnos cátedras de buenas acciones, pueden opinar porque somos una democracia en construcción, pero sus demagógicos consejos de nada sirven.

Los demás razonamientos que manejan los críticos de la negociación con Venezuela, son injerencias, atentan contra el Derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, violan la Carta de las Naciones Unidas, Carta de la OEA y el Acuerdo de Marrakech. Por tanto, una ilegalidad no puede dar lugar a un debate. DLH-9-7-2009.