En cualquier país con un mínimo de pudor, de vergüenza, las denuncias que han sido formuladas en torno la corrupción en el sector eléctrico de República Dominicana ya se hubiese abierto una investigación judicial.

Las denuncias formulada por la periodista Nuria Piera en su espacio Nuria en el 9, que se difunde por Color Visión, con matices de graves irregularidades y corrupción, no negada por los señalados como responsables debieron mover la acción pública para esclarecer las imputaciones formuladas de manera muy responsable por la comunicadora.

Pero el ingeniero Radhames Segura, y sus voceros, se han defendido, admitiendo los hechos y diciendo que detrás de esas denuncias hay un grupo de empresarios que ha recibido pingues beneficio de manera no santa con el negocio de la electricidad.

De modo que el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y vocero de este lo que han hecho es decirle a los dominicanos y dominicanas que las irregularidades de ese sector son más serias que las denunciadas por la periodista Piera.

Vista la denuncias de parte y parte, una sociedad donde rija el estado de derecho, en el que se mida a todo de igual a igual, lo menos que se debiera esperar es que la Fiscalía correspondiente, o la misma procuraduría general de la República, abrieran un proceso, en nombre de la sociedad, para dejar bien esclarecido que ha estado ocurriendo en ese vital servicio que los usuarios pagamos tan caro.

Eso sería no solo un beneficio para la sociedad, sino para los mismos sectores del sector publico y privado señalados como responsables de ;las irregularidades.

No abrir esa investigación, darse por desentendido, sería un acto de solemne irresponsabilidad, y más que eso de complicidad, que desautoriza al Ministerio Publico a actuar en casos similares futuros que pudieran presentarse en nuestra nación.