La querella es por alegada malversación de caudales públicos, prevaricación y violación de la Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, al otorgar obras grado a grado y adendum por encima del monto del contrato original.

Uno de esos contratos es el concedido para la reparación del Sifón en el Canal Nizao Najayo, que originalmente era de Veintitrés Millones Seiscientos Noventa y Siete Noventa y siete Pesos con Ochenta y nueve Centavos, (RD$23,697,097.89), por la suma de Ciento Veinte Millones seiscientos Sesenta y Cuatro mil pesos con Sesenta y Ocho centavos, (RD$120,664,029.68), totalizando la obra Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos sesenta y Un Mil Ciento Veintisiete Pesos con Cincuenta y Siete Centavos, (RD$144,361,127,57).

El contrato con el adendum le fue entregado por Rodríguez Pimentel a la compañía VHB Constructora, representada por Víctor Hugo Batista Linares, para la reparación del Sifón Canal Nizao Najayo, en la zona de riego de Baní.

La obra amparada en el contrato número 11493 tiene por objeto garantizar el suministro de agua de riego para más de 2,000 hectáreas en las comunidades de Semana Santa, Ingenio Caey, Sabana Palenque de la provincia de San Cristóbal.

De acuerdo con el contrato firmado el siete de diciembre del año 2007 por Rodríguez Pimentel y Batista Linares la obra debía ser entregada por el responsable de su ejecución en un plazo de seis meses, sin que se haya producido la entrega.

La entidad anticorrupción incluye en su querella las obras concebidas inicialmente con un presupuesto global de alrededor de 115 millones y que tuvieron un incremento de más de un 200% en su costo debido a los anexos aplicados en los contratos, sin que esto evite que los proyectos estén.

De esa manera, las infraestructuras pasan a tener un costo total, hasta ahora de 365 millones, debido a los adendums equivalentes a un monto de 250 millones.

Una investigación del programa El Informe, producido por la periodista Alicia Ortega, revelo la situación en donde pone de manifiesto los hechos que enjuician a la actual gestión del Indrhi.

Se trata de un gasto de 66 millones sin soportes, ni explicación convincente de parte del Indrhi y de una retención de 563 millones del fondo de la hidroeléctrica Los Toros, que debe destinarse a proyectos de desarrollo en la provincia de Azua.

Héctor Rodríguez Pimentel, suscribió un contrato de 30.7 millones para la construcción rápida del Canal de Desfogue de la Hidroeléctrica Los Toros, al que se le hicieron dos anexos de 17.1 y 18.0 millones. Aunque el costo se elevó a RD$65.7 millones, más del 100%, hace ocho meses que la obra está paralizada pese que se han desembolsado 43.9 millones. El contratista de la obra es la empresa Constructora Roca.

Otra obra del Indrhi sin avance, pese a los desembolsos hechos, es muro de gaviones de Jimaní para controlar las avenidas del río Solié, cuyo contrato inicial fue de 23.6 millones de pesos. Hasta ahora el contratista ha recibido desembolsos por 9.4 millones de pesos, sin que haya presentado una sola cubicación.

Esta obra fue asignada a la empresa VHB, la misma que tuvo a cargo la reconstrucción del sifón del canal Nizao, afectado por las tormentas Olga y Noel, y que en apenas seis meses sufrió una elevación en su costo de 23.6 millones a 144 millones de pesos.

En su querella ADOCCO destaca las designaciones en la institución hídrica con altos salarios de personas que están designados en otras áreas de la administración pública.

La instancia contentiva de la querella y documentos fue entregada al Dr. Hotoniel Bonilla, Director de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, DPCA, por el Coordinador General de ADOCCO, Lic. Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, quien estuvo acompañado de los directivos de la entidad, Lic. Yuscil Chez Bueno, Coordinador Ejecutivo, Lic. Rigoberto Rosario Guerrero, Coordinador y Lic. Freddy A. Ramírez, Coordinador Jurídico.