La demanda en amparo fue incoada por el doctor Miguel Alvarez Hazim, por habérsele prohibido la entrada a la Dirección General de Aduanas y sus oficinas.

Del caso fue apoderado la Segunda Sala del Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, mediante una instancia sometida el 25 de este mes.

El Dr. Miguel Álvarez Hazim es un abogado especializado en derecho aduanero y reclamaciones técnico-jurídico, relacionado al comercio internacional y quien alega que se le ha coartado el derecho de entrar a esa institución pública, impidiéndole asistir a sus clientes, por lo que se ha apoderado el referido tribunal en una acción constitucional de amparo.

Además del director de Aduanas, fueron sometidos Victoria Efres de Zeller, Asistente del director; Eduardo Rodríguez Apolinario, subdirector Técnico; Ruth Méndez, subdirectora Administrativa; Belkis Luna Paulino, subdirectora de Zona Franca; María Elena Peña, encargada del departamento de fiscalización del valor; el ingeniero Gregorio Lora, asesor del director general de Aduanas, y Carlos Blanco Fernández, subdirector Operativo.

En la instancia dirigida al juez presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Segunda Sala de la Cámara Penal Del Distrito Nacional, en atribuciones de Juez de las Garantías, el doctor Alvarez Hazim calificó de cómplices a Antonio Velázquez Fernández, procurador Fiscal Adjunto a la Dirección General de Aduanas.

También, a Vaughn González, fiscal adjunto adscrito a la Dirección General de Aduanas; a Jovanny Féliz, asistente del fiscal; a Niurka Beato, asistente del subdirector Técnico; a Vicente Paulino, encargado del departamento de Administración Aduanero, y a Marcelo Peña Ureña, encargado del departamento de Contabilidad.

Alvarez Hazim informó que le habían prohibido la entrada a las instalaciones de la Dirección General de Aduanas y sus dependencias desde el año 2005 y ahora la medida le fue renovada, con lo cual le violan el derecho a la libertad de tránsito y a ejercer su profesión de abogado consagrados en la Constitución de la República, en las Convenciones Internacionales y pactos sobre los Derechos Humanos y reglamentada por la ley 91-83 de fecha 16 de febrero del año 1983.

Recordó que la Constitución de la República, en su artículo 8, numeral 5, plantea que a “nadie se le puede prohibir hacer lo que la ley ordena y manda”, “ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”.

De ahí que en la instancia, le solicitan al juez que la acoja, y ordene a la Dirección General de Aduanas, a su director general y a sus funcionarios, el cese inmediato de la medida que impide al doctor Miguel Alvarez Hazim su ingreso y libre tránsito a las instalaciones, dependencia y oficinas de esa institución pública, a lo cual tiene derecho todo ciudadano, como entidad pública del Estado, de entrar con fines de requerir los servicios que dicha institución está obligada a rendir.

También solicitan que de no cumplimiento inmediatamente la sentencia, se le imponga un astreinte de cincuenta mil pesos RD$50,000,00 diarios por cada día de retardo.

El doctor Hazim sometió la instancia a través de sus abogados Fernando Pérez Volques, presidente del Colégio Dominicano de Abogados; Manuel Maria Mercedes, presidente de la Comisión Dominicana de Derechos Humanos; el ex juez Enrique Marchena Pérez y el licenciado José Alexander Peña.