OPINION
La Cementera y el Presidente
Por David La Hoz El autor es abogado
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La Conferencia de Presenta que ofreciera el señor Presidente de la República, ciudadano y compañero doctor Leonel Fernández Reina, despejó todas las dudas que la nación pudiere tener sobre quienes están tras la instalación de una cementera en el entorno del Parque Nacional de los Haitises; también dejó claro hasta donde es cierto aquel dicho popular que tantos dividendos políticos dio al doctor Balaguer, que dice “si quieres conocer a mundito, dale un carguito”.
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Esta afirmación viene a cuento por aquello de que una cosa es con guitarra y otra con violín. Teoría que nunca compartió el Profesor Juan Bosch para quien las cosas o eran con guitarra o eran con violín, es decir la ambivalencia del Dios Jano no pueden plantearse cuando se trata de asuntos públicos que ponen en juego el interés de la nación, o cuando los principios y valores que norman la vida están en juego.
El caso es que la posición de ecologista –en unos casos- ha quedado como farsa en la contienda por la cementera en los Haitises; en otros hay sinceridad y hasta oportunismo, pero son propios de la naturaleza humana, por tanto, una sociedad plural no puede dejarlos de lado.
El país ha podido notar la fortaleza de un grupo económico y su capacidad de influir sobre las autoridades desde el más bajo hasta el más elevado. Pues, fue convocada una conversación periodística excluyente con tan solo dos tópicos específicos como negadores del carácter del pretendido Estado Social.
Sin embargo, no es nuestro interés tratar el grado de entrega a los poderes fácticos del gobierno. Nos interesa resaltar cómo el Honorable señor Presidente de la República soslayó la opinión de la justicia dominicana sobre un asunto tan delicado. Es decir, estando la jurisdicción nacional apoderada del tema caso cementera, el Presidente adelanta ya que acatará la decisión de un organismo internacional cuya capacidad técnica nadie cuestiona, pero que sin embargo, existe una jurisdicción de derecho interno, también competente y con mucha dignidad, que ha dado una decisión provisional cuya certeza no mereció ni elogios ni comentarios del Presidente, pero sí la afirmación de que se irá al plano internacional en busca de respuesta. A sabiendas de que falta el conocimiento del fondo del asunto, lo cual hace incluso extemporánea dicho planteamiento, pero es muy expresiva, todo el peso del presidencialismo se ha puesto en juego. Toca a la sociedad dejar sentado, al menos en este litigio, por quien doblan las campanas.
Lo que el ejecutivo debió decir era si acataba o no la decisión del tribunal, pues en muchos corrillos se dice que la cementera va con todo y prohibición judicial. Es sobre este rumor que tocaba al Presidente sentar un precedente. Por eso es que hemos dicho y repetimos que el supuesto Estado Social y Democrático de Derecho que ha planteado el Ejecutivo -en la ya manoseada Asamblea Revisora- no se compadece con las ejecutorias de gobierno, en consecuencia, sus virtudes no son creíbles.
Por tanto se hace un gran daño a la institucionalidad democrática cuando se dice una cosa y se hace otra casi siempre contraria al supuesto interés perseguido.
Volviendo al tema, el Derecho interno y el Derecho internacional, son dos sistemas paralelos e independientes entre sí. De manera que pretender socavar las decisiones del uno invocando al otro no cabe en buena lógica jurídica. Dicho con pocas palabras, pretender inhabilitar la jurisdicción interna apelando a la jurisdicción internacional, es inadmisible aun en el plano meramente técnico. Pues los técnicos criollos ya se han expresado, el pueblo también. Normalmente se apela a una jurisdicción supranacional cuando los internos no se pronuncian, o se niegan a hacerlo.
Por demás, al gobierno dominicano aposentado en el Poder Ejecutivo le está prohibido, en el actual orden constitucional, inmiscuirse en temas judiciales, aun cuando la jurisdicción apoderada sea la administrativa, en razón de que ya el asunto se hizo contencioso, con lo cual solo habrá una línea a seguir y será aquella que indiquen los jueces. Por tanto, solo cabe acatar y esperar. DLH-28-6-2009.
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