Dicha obligación incumbe a los tres poderes así, las leyes no son leyes si no han sido refrendadas por el pueblo; la justicia no es justicia sino con la intermediación de un jurado e incluso con sondeos de opinión que establezcan lo que la gente común piensa sobre un determinado asunto.

La República Dominicana en tanto Estado no ha consolidado la versión democrática del Estado Social de Derecho. La Constitución de Juan Bosch de 1963 es la primera en cimentar este tipo de razonamiento popular, pero como dice el jurista Ihring, esto no fue más que el detonante de la “Lucha por el Derecho” que ha emprendido la sociedad dominicana.

Tal y como lo muestra el documental de René Fortunato no solo ocurrió que sectores de poder retrógrados se opusieron al Estado Social que planteó Bosch tardiamente en su Constitución del 63, sino que lo siguen haciendo hoy en día, a pesar de que desde el siglo XIX, Bismack lo había establecido en Alemana y, desde inicios del siglo XX, Europa se abocó a su implantación culminando con éxito después de la Segunda Guerra Mundial, y haciéndolo un paradigma universal, a partir de la Constitución Española de 1978.

Prueba de que los obstáculos siguen en el presente es el caso de la pretensión de un grupo de poder de instalar una cementera en el entorno del Parque Nacional de los Haitises. A sabiendas de que el sentido común, la ley y el ordenamiento territorial ambiental, lo prohíben. Si firme es la pretensión de ese grupo más lamentable es la postura genuflexa del gobierno, el cual, previamente, actuando como administrador de los intereses conjuntos de la oligarquía, no solo aprobó la instalación de la cementera sino que expulsó de dicho lugar un asentamiento humano, bajo la excusa de que estaban “contaminando la zona”; mientras, sórdidamente la prensa de la oligarquía junto al gobierno han llamado al transportista Juan hubieres el dueño del país, ninguno es capaz de tocar siquiera con el pétalo de una rosa los sacrosantos intereses de la oligarquía criolla, ¡todos se arrodillan reverentes ante sus designios! Sin importarles que para tal fin deban barrer la legalidad administrativa o la maltrecha Reforma constitucional en curso. Es gracioso ver a supuestos abanderados del Estado Social en la reforma apoyando la cementera.

Ha tenido que lanzarse en campamentos improvisados la juventud veinteañera a decir ¡basta ya! Quizás en los mismos términos, pero en condiciones diferentes, a como la juventud de los años 60 debió lanzarse a defender a Juan Bosch y a su Constitución.

Llama poderosamente la atención la forma deprimente e injustificada en que unos funcionarios, supuestamente liberales y socialmente comprometidos, han claudicado ante el gran capital. Como también ciertos intelectuales que simulan estar comprometidos con un proceso de cambio institucional cuando en verdad están al servicio de los peores intereses nacionales. ¡Se les ha visto el refajo! dice el refrán popular.

Sin embargo, una Jueza, que honra la toga, ha evacuado una decisión histórica ha detenido al poder político como al poder económico, claro, no quisiera Yo estar en su vestimenta con las presiones y vejámenes que desde ya debe estar recibiendo con miras al fondo del asunto, a la manera en que actúa el poder.

Pero como la descomposición avanza, habrá que ver qué artimaña se inventan más adelante para presentarla como inadecuada para el cargo, como terca, como desfasada, etc. O, simplemente, se inventen una treta de mal gusto. Claro deberán esperar porque la SCJ está en capilla ardiente y no puede actuar en estos momentos, más adelante sabremos.

Para el tema de la venta de la Refinería de Petróleo lo mismo, el gobierno ha actuado como el aristócrata que se piensa el honorable y distinguido señor Presidente de la República que es. Ha decidido como en los mejores días de Luis XIV, cuando exclamó, ¡l’état cést moi! “El Estado soy yo.” Entonces cabe una pregunta ¿Cómo podemos creer en una Reforma Constitucional impulsada por un poder político cuyas acciones desmienten los propósitos que supuestamente se persiguen con dicha reforma?

Fijáos bien, no estamos afirmando que la negociación sea mala o buena, estamos resaltando el acto de un gobernante que dice estar impulsando una Reforma Constitucional para establecer el Estado Social, pero cuyas actuaciones reales, se corresponden más con las acciones de un monarca absolutistas del siglo XVI.

El pueblo nada sabe, los grupos de poder presionan y, al final habrá una componenda entre poder político y poder económico en perjuicio del pueblo. Todo debido a la ausencia de transparencia en las ejecutorias de un gobierno que se ha separado del pueblo para asumir una postura de Hermano mayor a lo Owen.

Para concluir, los temas comentados solo pretenden llamar la atención en el sentido de que los señores asambleístas, si real y efectivamente desean mejorar la suerte de este sufrido y engañado pueblo, deben avocarse a dejar establecidas las vías del referéndum y del plebiscito tanto para las decisiones trascendentes del ejecutivo como para las leyes importantes del país, puesto que el primero es la vía por la cual se convoca al pueblo para que se pronuncie o consienta algo o para que convierta en ley una proposición trascendental, es decir que diga si está o no de acuerdo, sobre una propuesta como la de la cementera o la de la venta de la refinería, u otros temas. En cambio, el plebiscito, es una derivación o desviación del referéndum que consulta al pueblo para que diga si o no sobre uno o varios temas. El Referéndum es una convocatoria hecha por una autoridad legislativa de cualquier orden, mientras que el plebiscito, es la consulta al pueblo que hace una autoridad administrativa.

En caso contrario, es obvio que la nación no tendrá paz social luego de la Reforma Constitucional y estará claro que aún andamos lejos del Estado social y democrático de Derecho. DLH-21-6-2009.