En la actualidad, la JCE está conformada por un grupo de profesionales cuya nombradía nadie cuestiona, como tampoco su capacidad técnica en el ámbito constitucional. Es una institución con una estructura nacional, lo que permitiría a cualquier ciudadano introducir un recurso, por ejemplo, de amparo constitucional desde cualquier punto del país. Si real y efectivamente deseamos poseer un derecho constitucional para nuestra democracia, ahí tenemos una magnifica oportunidad.

El único inconveniente es que al parecer, la partidocracia enquistada en el Congreso Nacional y en los partidos, entiende que no deben existir órganos con democracia interna, donde se discutan los asuntos y se llegue no siempre a conclusiones técnicas, o bien, se sea independiente. Una mirada a la JCE y a sus decisiones resolutivas, permite apreciar un esfuerzo por hacerlo bien. Ese es un pecado desde el punto de vista de la partidocracia, pues la democracia que conciben, es la que es manipulable, la que se presta a sus manejos de aposentos. Luego no hay razonamiento técnico que valga.

Esa situación ha conducido a poner precio a la cabeza de los actuales jueces –y el mensaje resulta obvio para sus posibles sustitutos-, tienen que verse en el espejo de los presentes, no se permitirá, ni por asomo, disidencia, discusión, puntos de vistas controvertidos, etc.

El encono de la partidocracia ha llegado a tal punto, que no solo se habla de sustituir a los actuales jueces sino que se ha planteado ya como necesidad de la partidocracia, el desmembramiento de institucional de la JCE. Así, se comenta que su número debería ser reducido a tres o cinco jueces. Esto así, porque ciertamente, se llevó a nueve cuando el interés de la partidocracia deseosa de repartirse el poder así lo aconsejo, pero se colaron unos que, si bien no han hecho uso de lo que el Derecho Constitucional francés llama, derecho a la ingratitud frente a quienes les designaron, como precondición para hacer una labor diáfana para la nación, han demostrado pericia técnica suficiente como para solucionar problemas relacionados con sus funciones sin necesidad de solicitar opinión de la partidocracia. Es decir, han actuado como jueces bajo el principio de la independencia y de la imparcialidad ¡Ese es su pecado!

No sería sorpresa para nosotros el que la Asamblea Revisora, mutile la JCE, ya esa reforma ha caído en un descrédito tal que una nueva barrabasada no le pone ni le quita. Simplemente, el país habrá perdido la oportunidad de hacer las cosas como Dios manda.

Luego cuando se haga la historia de quienes mataron la democracia criolla habrá que mirar a los pichones de caudillos que andan tras el cetro de reales caudillos.

La oposición, como el partido en el gobierno, y, particularmente sus accionistas principales –porque ellos mismos se consideran accionistas de una gran empresa llama partido político-, tienen la última palabra.

Lo que no pueden es pensar que porque la disciplina intra-partido tenga algún significado hoy, lo tendrá también mañana. Esto así porque una cosa es manejar un partido político y otra muy distinta es manejar un país. Más directamente, el militante político puede o no sujetarse a la disciplina partidaria, pero quien no pertenece al partido, quien simplemente, es pueblo, no tiene ningún tipo de obligaciones. Y, resulta, que los partidos se vienen manejando como si todos los ciudadanos perteneciesen a partidos políticos, por tanto piensan que lo que deciden los partidos vincula a los ciudadanos, lo cual es un grave error.

De modo que concluimos estas palabras, exhortando a los señores asambleístas a que conviertan la JCE en tribunal de garantías constitucionales antes de que el pueblo mismo tome el poder que ellos dicen representar, directamente en sus manos. DLH-14-6-2009