Un pastor del Concilio de Las Asambleas de Dios afirmó ayer que los miembros de la Asamblea Revisora discriminaron a las iglesias evangélicas cuando les negaron calidad para realizar matrimonios con efecto civil. El reverendo Reynaldo Martínez dijo que al otorgarle exclusividad a la Iglesia Católica para oficiar matrimonios, los asambleístas actuaron con parcialidad en favor de ese sector religioso (periódico Hoy).

En Diario Libre la posición también es atribuida a la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE), el Movimiento Cívico Respuesta Moral Democrática (presidido por Domingo Paulino Moya), así como el Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios.

Reynaldo Aquino, presidente de CODUE, califica la decisión de la Asamblea Revisora de “atentado” y “atropello”. Mientras, Alejandro Pérez llega a decir que “los evangélicos estamos cansados, hartos de que se nos siga discriminando en este país” (claro, no habla en mi nombre).

Del otro lado, la posición del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien ante la amenaza protestante de acudir a organismos internacionales responde con un despectivo: “que vayan donde quieran”. No le harán caso, pues…

El 28 de julio del 2006 (al igual que hoy, viernes) señalaba que las iglesias cristianas (católicas o protestantes) tenían un papel político y social que jugar. Sigo pensando así.

La petición de iglesias protestantes de poder ejercer como jueces civiles y de anular el Concordato parece un sentido humano de equidad, de igualdad. Sin embargo, el matrimonio cristiano tiene la virtud de centrarse en lo que debe ser: un acto de fe. En el momento en que pastores y pastoras evangélicos se les atribuya la potestad de “casar”, abren espacio para el ámbito del matrimonio como un acto “social” y “político”…

Los evangélicos parecen ignorar que es parte de su “atractivo mercadológico” la independencia del poder estatal, la capacidad de poder ejercer un papel profético centrado en lo que constituye la máxima autoridad de los cristianos: la Palabra de Dios, la Biblia…

El mismo cardenal López Rodríguez no contempla las consecuencias de algunas de sus afirmaciones. Por ejemplo, llega a decir que “si no tienen sacramentos, no tienen por qué celebrarlo (refiriéndose a la validez legal del matrimonio). Que le den la validez de su religión, nada más”.

Obvia señalar que el matrimonio católico (su religión), por tener calidad de sacramento, es indisoluble. Sin embargo, su contrapartida, el matrimonio como contrato social, tiene abiertas las puertas del divorcio. No es posible explicar cómo un matrimonio que celebró un ministro católico (un sacerdote) tiene validez sacramental y a la vez es objeto de mediación legal fuera de la iglesia. Corazón dividido entre las señales de Jesús y el poder de este mundo.

Los evangélicos tienen razón, hay discriminación. Sin embargo, considero que más que la prerrogativa “católica” de “poder casar”, lo que la Asamblea Revisora debiera propugnar es por un Estado laico que garantice la equidad y la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes que hacen posible la convivencia social.

Por eso, prefiero irme por la línea de Jesús: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, señalando con esto que el matrimonio debe ser una cuestión de Estado, regulada de modo igual para todos los ciudadanos. En fin, que el matrimonio sea una cuestión de los jueces civiles, del contrato social… y no de pastores ni sacerdotes.

Sacerdotes y pastores que se dediquen a promover que los matrimonios efectuados bajo el signo de sus respectivas lecturas de fe sean coherentes con lo que, desde su perspectiva, les demanda el cristianismo, el Nazareno….

Que no se nos mal interprete. Este es un pequeño llamado a la reflexión.