Dicho de otro modo, el Estado estaba subsidiando al sector privado, éste último, obtenía de esa manera dinero del contribuyente dominicano para su uso particular. Además, el juego de las demandas ante árbitros extranjeros implicaba otra forma de estafa al fisco, pues por esa vía, también se llevaría una millonada. De modo que el Estado lo que hizo fue evitar que la sangría a que estaba siendo sometido por esa supuesta empresa, fuese menor. Ahora el Estado podrá hacer uso de las prerrogativas de imperium que le asiste.

De manera que el sector privado ha fracasado también en la gestión del asunto energético. Se impone pues que sean los consumidores nacionales quienes monitoreen lo que ocurre pues tanto la gestión pública como la privada han fracasado en el tema energético. La sociedad requiere nuevos órganos de supervisión a los fines de garantizar una gestión transparente y eficiente.

El hecho de que el empresariado nacional siga pensando que el neoliberalismo a ultranza es la solución indica que no se han actualizado, pues esa teoría hace rato que recibió cristiana sepultura. Se dedicó a sobrecargar a los más pobres mientras beneficiaba a los más favorecidos. El Estado por su parte tiene el problema del clientelismo, pero en el caso del actual gobierno, los técnicos de esta área han probado eficiencia. De modo que satanizarlos porque hayan desnudado ciertas verdades no les quita méritos bien ganados ante el país.

Por otra parte, merece que se explique al país por qué poseemos la energía más cara de la región? Por qué mientras en una zonas del país la energía servida tiene un alto componente hidroeléctrico, ora uso del carbón mineral, los precios al consumidor llegan como si se tratase de combustible proveniente del petróleo. ¿Dónde ha quedado la eficiencia privada? ¿Dónde ha ido a parar la supuesta competitividad reguladora del mercado? Una década es más que suficiente para probar las virtudes de ciertas políticas públicas.

Lo que el país requiere es un empresariado que esté dispuesto a cerrar filas con los consumidores nacionales, a los fines de que juntos contribuyan a la sana gestión pública del tema energético.

Por qué evitan hablar de la ilegalidad de los denominados contratos del Acuerdo de Madrid?

Si vamos hacia un Estado Social, el capitalismo salvaje debe desaparecer de las mentes y de las acciones del sector privado. Nunca como hoy se hizo tan necesario que consumidor y empresario fuesen de las manos para desterrar el clientelismo político y la voracidad del sector privado.