Desde el año 1936 cuando se inauguró el primer tramo de la avenida George Washington, El Malecón de Santo Domingo ha sido el más emblemático espacio público de la capital dominicana.

Sin embargo, en los últimos años El malecón capitaleño se ha convertido en un lugar cada vez menos frecuentado por los capitaleños y los turistas, en un fenómeno que tiene mucho que ver con la extraña política de “rescate” de las actuales autoridades municipales, consistente en clausurar los espacios públicos o crear las condiciones para que la gente no pueda usarlos.

El nombre de esa política el síndico Salcedo hizo posible lo que no pudieron hacer ni los huracanes que han azotado el litoral de Santo Domingo: evitar que los ciudadanos utilizaran habitualmente El Malecón como espacio de interacción social, como lo habían hecho durante casi 70 años.

La primera medida en esa dirección consistió en suprimir las actividades económicas informales que proveían los servicios básicos de alimentación y bebida que requerían los visitantes. Primero expulsó a los vendedores de los alrededores del parque Eugenio María de Hostos, uno de los lugares más populares de la zona, luego hizo lo mismo en las plazas de Guibia, Omar Torrijos, Juan Barón, el parque Eugenio María de Hostos y en las áreas de parqueos ubicadas en toda la extensión de la avenida.

Claro, si la gente que acudía al Malecón no tenía donde comprar un refresco, un sándwich o una cerveza, lo mejor era dejarle ese lugar a su nuevo propietario, el alcalde de la capital, y trasladarse a otra zona un poco más acogedora. Más adelante y no conforme con los resultados de esa medida el alcalde decidió recurrir a un método más radical y dispuso la intervención directa de las plazas, denunciando que esos lugares se encontraban arrabalizados y que eran utilizados para realizar actividades ilícitas e inmorales. Habló hasta de los condones encontrados en la plaza Omar Torrijos, aunque se olvidó del detalle de que con cinco años en el cargo, él era la autoridad responsable de lo que estaba pasando allí y por lo tanto, como dicen los abogados, no podía prevalerse de sus propias faltas para justificar la aberración de enajenar, cerrar o inhabilitar el uso de estos espacios públicos.

Mientras en muchas otras grandes ciudades se facilita la venta informal controlada y organizada, tal es el caso de Miami en la atractiva zona de Bay Side, en una pobre ciudad del Tercer Mundo no solo se prohíbe, sino que se impide a los ciudadanos residentes y visitantes disfrutar de la más importante oferta urbana de la capital.

El siete de enero del 2007, el periódico Listín Diario, en un reportaje de la periodista Mary Esther Campusano, retrataba de manera dramática el nivel de degradación sufrida por la avenida George Washington: “Ya no es vista como un punto de atracción para turistas y munícipes: se ha convertido en un foco de suciedad, drogas, sexo libre, estacionamientos improvisados, un lugar con escasa iluminación y sobrados espacios vacíos que sirven como vivienda a vagabundos e infelices”.

Después de esa terrible descripción que provocó algunas reacciones protocolares del síndico Roberto Salcedo, el Malecón siguió mostrando la peor cara de la capital, tal como lo describió dos años después, el 18 de marzo del 2009, la periodista Llennis Jiménez, reportera municipal del periódico Hoy: “Al Malecón de Santo Domingo les fueron clausuradas todas las áreas públicas diseñadas para el disfrute de la población. Plazas y parques están cerrados. La iluminación es precaria en la mayoría de los espacios de recreación y en largos tramos de la avenida George Washington, paralela al gran paseo marítimo”.

Durante los últimos tres años, el Ayuntamiento de la capital ha venido anunciado ambiciosos proyectos de remodelación en el Malecón de Santo Domingo que no se han ejecutado, aparentemente, debido a las dificultades financieras de la corporación edilicia, las mismas que han impedido que el ADN cumpla su oferta de construir un parqueo en el Barrio Chino, su único aporte a ese proyecto; iniciar los trabajos de la plaza de Guibia, cerrada desde hace tres años; o terminar la remodelación del mercado de Villa Consuelo, iniciada en plena campaña electoral en el año 2006. Todo ello a pesar de que en los últimos siete años la administración de Salcedo ha manejado más de 16 mil millones de pesos y que la ley obliga al cabildo a invertir en obras el 40 por ciento de sus ingresos.

Uno de los grandes misterios en torno a la actual administración municipal de Santo Domingo, no explicado por ninguna auditoría conocida, si es que se ha publicado alguna, es el destino real de los recursos consignados año tras año en el presupuesto del Ayuntamiento para la ejecución de obras que no se realizan en los plazos previstos.

La única obra municipal que se ha construido en la avenida George Washington desde que se inició la actual gestión en el año 2002, es la remodelación de la plaza Juan Barón, donde el Consorcio Turístico Sans Souci invirtió más de 90 millones de pesos. La plaza fue entregada al Ayuntamiento en el mes de abril pero extrañamente aún se mantiene cerrada y ni los quioscos instalados en el lugar han sido puestos en servicio. Ojalá no corra la misma suerte del Barrio Chino, cuya viabilidad ha sido insólitamente saboteada por la misma autoridad pública beneficiada de la inversión privada.

Sobre este tema volveremos en el futuro inmediato.