Durante las últimas dos semanas la Secretaría de Estado Industria y Comercio, la cual no regula ni a la industria, ni al comercio, ha implementado en más de 12.00 pesos el costo de las gasolinas, alcanzando ambas, costos por encima de 142 pesos, lo cual representa un incremento acumulado de más de un 10% en los combustibles.

Mientras, el costo del petróleo promedio en la primera de las últimas dos semanas solo aumentó un 1.93% y un 1.94% en la segunda semana, acumulando menos del 4% en las dos semanas, lo cual no guarda proporción con el desmedido aumento en el precio de los combustibles en R.D..

Lo anterior agravado por la distorsión que significa que estos precios de petróleo y productos terminados son para la entrega en julio.

Igual proporción de incrementos han sufrido los diferentes tipos de gasoil, situación que en ambos casos no se corresponden con los niveles de costo de los históricos más altos, que en ningún caso sobrepasaron los 210 pesos cuando el barril de petróleo se cotizó casi a 148 dólares.

De lo anterior se deduce que la aplicación de la formula que indexa los precios de los combustibles esta siendo manipulada perversamente en perjuicio del pueblo dominicano solo con el objeto de aumentar los debilitados ingresos de este gobierno tragaldabas, devorador de impuestos.

Lo mas cuestionable resulta que después de dos semanas de mantener congelados los costos del combustible, localmente, en perjuicio del consumidor dominicano, ahora se incremente inmisericordemente.

Urge que la Secretaría de Estado de Industria y Comercio transparente la fórmula de indización de los combustibles, lo cual es una demanda generalizada.

En su defecto que el Congreso Nacional debe iniciar la revisión a la ley 112-00 que regula los hidrocarburos en el país.

Igualmente, el Congreso debe conocer y airear cual es el destino o los beneficios que ha representado la compra por parte del gobierno de las acciones de la REFIDONSA.

Evidentemente el gobierno ha decidido compensar las reducciones en sus recaudaciones de los impuestos que cobra, manteniendo sobrevaluado en más de treinta pesos los combustibles, lo cual además de ilegal no ha sido autorizado por el Congreso Nacional y constituye una reforma tributaria que aumenta el impuesto a los combustibles.