Los Ayuntamientos reclaman lo que llaman “un uso de suelo”, porque las líneas telefónicas que se soportan en alambres tienen que ser instaladas en postes bajo sus respectivas jurisdicciones.

Las prestadoras de servicios telefónicos dicen que cualquier aplicación de un 3% de cobro a las empresas del sector resulta ilegal desde cualquier óptica porque la ley establece, en su artículo 4, que las telecomunicaciones son de jurisdicción nacional y que por tanto los arbitrios, gravámenes y derechos son también aplicables en todo el país. En todo caso, afirman, del 28% que se paga es que debería salir el 3% que reclaman los ayuntamientos.

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es que sólo en impuestos, el sector paga alrededor de RD$14,000 millones al año. En el aspecto legal, el artículo 85 de la Constitución de la República establece que los ayuntamientos pueden fijar arbitrios siempre y cuando no entren en contradicción con los impuestos nacionales. “Hay un principio de derecho que establece que una ley general posterior no deroga una ley especial anterior y ese es el caso nuestro”, según dice la Asociación Dominicana de Empresas de Telecomunicaciones (ADOMTEL).

Naturalmente, a la hora de pensar en aumentar los impuestos los Ayuntamientos no tomaron en cuenta a los consumidores, quienes “pagaremos la jaba”, como se dice en el Cibao, puesto que de materializarse la propuesta es seguro que las empresas se verán obligadas a transferirnos el gravamen, alterando nuestros magros presupuestos.

Con nueve millones de habitantes, la República Dominicana registra siete millones de teléfonos fijos y móviles, con una tele densidad de 70.4%, es decir, 70 teléfonos por cada cien habitantes, todos los cuales serían gravados si se materializa el proyecto de los Ayuntamientos. Una vez que estos se dieron cuenta que legalmente no tienen posibilidades de lograr lo que buscan, han creado una comisión en el Senado para que revise la Ley. Si los legisladores cometen el error de aprobar el aumento de impuestos procurado, crearían un precedente que más temprano que tarde se reflejaría en otras empresas.

Pero además afectaría las proyectadas millonarias inversiones de las empresas telefónicas, puesto que son pocos los que se arriesgan a invertir donde las reglas de juego cambian de la noche a la mañana.

Gracias a esfuerzos como los del Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A. (CEPM) que instaló un cable de fibra óptica sobre las líneas de alta tensión desde Punta Cana hasta el NAP del Caribe, ampliándose la conectividad con la región Este con fibra óptica, la República Dominicana es hoy uno de los países mejor conectados del mundo, con un servicio telefónico de primera calidad. Y de seguro harán más inversiones si los dejan tranquilos.

La compañía Orange, como parte de su proceso de expansión de sus servicios de telecomunicaciones, también instaló un cable de fibra óptica desde Santo Domingo a Puerto Plata. Y planea invertir más. Las prestadoras tradicionales como CODETEL-Claro, Orange, Tricom y Trilogy (VIVA) han incorporado las nuevas tecnologías de tercera generación (3G) en la oferta de telefonía celular. Igualmente se han presentado nuevas ofertas de servicios de telecomunicaciones e Internet con el uso de tecnología Wi Fi, WIMAX que han empezado a brindar las empresas Wind Telecom y OneMax.

Todo eso significa inversiones multimillonarias, generadoras de empleos que tanto se necesitan en estos momentos de recesión económica, pero además transmite un clima de confianza que generalmente resulta positivamente contagioso para otras empresas. Sin embargo, si de repente los inversionistas se enteran de que en el país se acostumbra a cambiar las reglas sobre las cuales se apoyan para hacer negocios, de seguro que todos lo pensarán dos veces antes de realizarlos.

Surge ahora la pregunta del millón:

¿Cuáles Ayuntamientos saldrían mayormente beneficiados? Sin duda alguna, los que tienen mayor número de teléfonos en sus respectivas provincias, de lo que se deduce que los chiquitos, como en el cuento aquel, bailarán cuando ya los grandes hayan bailado.

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