Desde ese momento hasta la fecha República Dominicana ha establecido 82 áreas protegidas con diferentes categorías de manejo y ha firmado y ratificado importantes convenios internacionales. Entre los más relevantes se encuentran la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de Río) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, todo esto con la finalidad de realizar cambios profundos en la dirección que ha tomado “el desarrollo” en nuestro planeta, responsable de la Crisis de la Diversidad Biológica, del daño a la Capa de Ozono y del Proceso de Cambio climático Global.

Para dar seguimiento a estas iniciativas se creó en 1974 la Dirección Nacional de Parques, entidad regulatoria de las áreas protegidas hoy absorbida por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) creada mediante la ley 64-00, ley marco de otras leyes sectoriales que deben regular y proteger el medioambiente dominicano.

Sin embargo los modelos de desarrollo impuestos por el sistema capitalista han transformado la naturaleza en una mercancía. De ahí, que el Estado con la autoridad de su competencia y amparado en legislaciones improvisadas en contradicción con la ley 64-00 ha modificado el territorio y ha establecido a su antojo, por medio de la represión, el chantaje, la militarización y el manejo de información subliminal, un Sistema Nacional de Áreas Protegidas infuncional y excluyente de los usuarios tradicionales de los recursos.

La expropiación de la tierra a los campesinos y campesinas que han vivido en las áreas declaradas protegidas es la mercancía con la que la clase política le paga deudas y servicios a inversionistas nacionales y extranjeros que buscan como sea la renovación de sus capitales.

Instituciones como el Banco Mundial han reorientado su política para asegurar que los recursos naturales sean los medios fundamentales para que los países en vía de desarrollo “salgan” de su pobreza, lo que ha resultado ser una falsa alternativa. Se pueden citar como ejemplos los pagos por servicios ambientales que bajo la lupa de cualquier análisis resultan una formula perfecta de neocolonialismo, así como el canje de deuda por naturaleza.

Otros caso a destacar es la explotación realizada por la empresa minera Alcoa en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, donde no se logró mitigar la pobreza de los campesinos y donde tampoco se ha recuperado el ecosistema afectado. Así como la ocupación de la laguna de Bávaro, el relleno de humedales, la destrucción de corales y la eliminación de manglares en Punta Cana que no han logrado compensar en términos de desarrollo humano los problemas ambientales que han originado.

Así mismo no se han controlado los problemas respiratorios que afectan a la población en La Descubierta por la explotación minera de caliza en la periferia del Lago Enriquillo, pese a que es un Parque Nacional, además de ser la única Reserva de Biosfera y el primer Humedal de importancia internacional de República Dominicana.

Las políticas ambientales nacionales con características neocoloniales, puestas en funcionamiento por recomendación de de los organismos financieros multilaterales, ubican y reordenan los recursos naturales de la isla y de los países del Tercer Mundo, con el solo interés de disponer de recursos que se convierten en materia prima barata para abastecer los mercados internacionales.

Los supuestos proyectos de conservación y creación de áreas protegidas, no han sido más que una estrategia de la política neoliberal que apunta siempre a la privatización de los recursos naturales, que hoy se encuentran amparados por un frágil sistema, aún por definir, de áreas protegidas.

El caso de Los Haitises, bajo la amenaza de un proyecto con un alto potencial de depredación ambiental, amerita una atención muy especial, ya que además de su importancia ecológica, se trata de un importante patrimonio histórico de la época pre colonial, por haber sido lugar un sagrado para los grupos Taínos y pretainos y territorio de los cacicazgos de Higüey, Maguá, Hyabo y Caicimú. Este parque también forma parte del área de influencia hídrica de dos importantes regiones, como son la cuenca baja del Yuna y la zona de Miches y Sabana de la Mar. Como zona litoral de drenaje del sistema cárstico y de la vertiente norte de la Cordillera Oriental, se trata de una unidad hidrogeológica definida estructuralmente que no es posible separar. .

Una cementera en Los Haitises es un muro que rompe los corredores ecológicos, limitando el desarrollo genético de las especies y confinándolas a un espacio restringido, fomentando la erosión o deriva genética.

Mientras en los años 80 fueron desplazadas cientos de familias del Parque Nacional Los Haitises porque afectaban la producción de agua y la biodiversidad, hoy, el mismo Estado, con otros administradores, ejerciendo los modelos impuestos por los organismos multilaterales, entrega el frágil territorio cárstico a una empresa donde el objetivo de privatización es la caliza, la que según parece aporta mejores ganancias a los inversionistas dejando de lado a la biodiversidad y al recurso agua, estratégico para la región Este.

Todo esto nos lleva a la comprensión de que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el desarrollo sostenible, en la práctica no son más que una de las grandes falacias que se le han vendido al Tercer Mundo y que han llevado una y otra vez a República Dominicana al ecocidio político, apuntando en esta oportunidad al Parque Nacional de Los Haitises.