La enciclopedia de la política del ex presidente ecuatoriano y uno de los más sólidos intelectuales latinoamericanos, Rodrigo Borja, señala que el laicismo “es, en su más simple definición, el régimen político que establece la independencia estatal frente a la influencia religiosa y eclesiástica. El Estado prescinde de todo creo religioso, no profesa religión alguna, observa una absoluta neutralidad ante el fenómeno religioso y considera que todas las creencias, como expresión de la íntima conciencia de las personas, son iguales y poseen idénticos derechos y obligaciones. El Estado no se aventura a calificar o descalificar las afirmaciones dogmáticas de ninguna religión ni entra a analizar el contenido de veracidad de sus dogmas. Cree que estos asuntos incumben exclusivamente a la teología y a los teólogos”.

La enciclopedia libre Wikipedia dice que “en un sentido fuerte la independencia de un estado laico supone la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno del mismo, ya sea en el ejecutivo, en el legislativo o en el judicial. En un sentido laso un estado laico es aquel que es neutral en materia de religión por lo que no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización religiosa”.

Más adelante señala: “Un estado laico trata a todos los ciudadanos por igual, tanto a los creyentes de cualquier religión como a los no creyentes”.

La Constitución de la República, tanto la vieja como la que se conoce en el Congreso establece la libertad de cultos. Presenta al Estado dominicano como laico, lo cual no significa que sea un Estado ateo, como han existido. Es simplemente que el Estado no patrocina, no privilegia, no sustenta económica ni políticamente a ninguna religión o secta religiosa.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dominicana, débil y temerosa de los demás poderes, rechazó no hace mucho, un recurso de inconstitucionalidad un recurso que presentaron grupos religiosos no católicos que rechazan el Concordato, lo cual no es sólo absurdo y contradictorio, sino anacrónico y retardatario.

El Estado dominicano, que el profesor Juan Bosch siempre propugnó porque fuera laico, se presenta como católico, apostólico y romano, algo que prácticamente no existe en ninguna parte del mundo.

El Estado dominicano protege, defiende y sustenta económicamente a la Iglesia Católica en desmedro de las demás iglesias, las cuales, reunidas todas, tienen tantos o más feligreses que la Católica. Se trata de un privilegio irritante, de una actitud que no se corresponde no sólo con un Estado laico, sino con un régimen democrático que supone un estado de derechos.

No hace mucho un ministro me dijo: “Si le diéramos curso a todas las solicitudes de la Iglesia Católica no podríamos enfrentar ni siquiera minimamente los problemas de la pobreza del país”. Balaguer solía decir que la iglesia era “insaciable” a propósito del carro de lujo que se encontró en un furgón donde debía haber ropa para los pobres.

Las iglesias evangélicas o cristianas se sustentan con sus propios recursos. El Estado no les da dinero. Sus templos los construyen con el diezmo de sus feligreses. Como debe ser. La iglesia católica debería hacer lo mismo.

Cuando quebró el Banco Intercontinental (Banintel) se descubrió que una buena parte de los jefes de la iglesia católica de todo el país tenían “sus ahorros” en ese banco. Las llamadas telefónicas a los funcionarios del área monetaria y financiera para que les salvaran sus recursos no fueron pocas. Para sorpresa del gobernador del Banco Central de entonces, la cifra depositada por los religiosos católicos en Baninter era millonaria.

La iglesia católica es rica. Constituye la más poderosa entidad religiosa latinoamericana.

Siendo así, lo más lógico es que sustente sus gastos; que no sea el gobierno quien la sostenga económicamente, como no lo hace con las demás religiones. Así debe actuar un gobierno democrático de un Estado laico.

Y mucho menos puede un Estado laico permitir que la iglesia católica le imponga sus concepciones sobre la maternidad o la planificación familiar. La política demográfica de un país la establece el gobierno a partir de su realidad económica y social. Como lo hizo la República Popular China cuando decretó un hijo por pareja. Gracias a esa política que muchos consideran cruel en occidente, China tiene hoy mil 300 millones de habitantes y solo 47 millones de hambrientos, de acuerdo con las Naciones Unidas. De no haber sido por esa política demográfica, ¿cuántos millones de habitantes tendría China hoy? ¿Dos mil millones de personas? ¿Y cuántos hambrientos? ¿Más de 800 millones? Más o menos. Por suerte el Estado chino es laico, por suerte en China las religiones no han tenido históricamente tanta beligerancia como para imponer políticas en ningún orden.

Pero en la República Dominicana, donde el gobierno actual invierte menos del dos por ciento de su Producto Interno Bruto en educación, contrario a China que invierte casi el nueve por ciento, la iglesia pretende que las mujeres tengan “los hijos que Dios manda” para que luego terminen pudriéndose en las cárceles o en los cementerios.