Nunca antes hubo tanto tráfico y consumo de drogas en la República Dominicana.

Prometió bajar el gasto corriente en un 20%. Poco después la nómina se elevó desproporcionadamente para cumplir compromisos electorales.

Prometió nombrar sólo los secretarios y subsecretarios de Estado que manda la ley. Poco después teníamos 60 secretarios de Estado con cartera y sin cartera, y más de 600 subsecretarios, con funciones y sin funciones. En el cuerpo diplomático, lo mismo. Tenemos más embajadores, cónsules, vicecónsules y ministros consejeros que Estados Unidos de América.

Después de anunciar un “plan de austeridad” para enfrentar y solucionar la crisis económica, el Presidente gastó más de 50 mil millones de pesos comprando su reelección, dinero que hoy forma parte del déficit fiscal que este año terminará superando los cien mil millones de pesos.

Todavía me parece ver al Presidente en la televisión diciendo que “hay muchos cargos públicos en exceso, creados mediante la tradicional práctica corrosiva del clientelismo o bien producto de las duplicidades de funciones dentro de nuestro aparato burocrático estatal, Esos serán suprimidos.”

“En el gobierno que hoy se inicia –continuó diciendo- ninguna institución gubernamental u organismo independiente está autorizado a realizar compras o transacciones que vayan más allá de lo estrictaamente indispensable”.

Sin roburizarse aseguró que “nadie, absolutamente nadie, podrá utilizar los fondos públicos para la adquisición de nuevas jeepetas, o para efectuar llamadas telefónicas, nacionales o internacionales, sin limite de tiempo. Los viáticos y las dietas tienen que ser disminuidos. Los gastos superfluos, eliminados.

“Hay que suprimir aquellos cargos de subsecretarios de Estado no contemplados en la ley orgánica de la Secretaria de Estado correspondiente”.

El Presidente aseguró que “la democracia se fundamenta en la rendición de cuentas. Aquel que no tenga las suyas claras, sea del sector público o del privado, que sepa, desde ahora, que la justicia no será objeto de obstrucción ni de manipulaciión alguna por parte del Poder Ejecutivo para que actúe conforme a como indican nuestros códigos y nuestras leyes”.

Ahora cuando anuncia “tolerancia cero” a la corrupción, nadie le cree.

En sus discursos o declaraciones a la prensa, el anuncio de lucha contra la corrupción siempre esta presente. La práctica, sin embargo, dista mucho. La corrupción parece ser una política estatal.

Existe un rosario de actos de corrupción que el gobierno no ha enfrentado. Uno de ellos es el de la Sun Land y los 130 millones de dólares tomados en préstamo en violación a la Constitución.

Han sido denunciados actos de corrupción en la Secretaría de Trabajo, en la Oficina Nacional de Personal, en el Consejo de Desarrollo Fronterizo, en la Secretaría de Hacienda, en la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en el mismo Palacio Nacional.

También los medios se hicieron eco de supuestos caso de corrupción en la Autoridad Portuaria, en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde más de un jefe militar o policial ha sido señalado en el negocio del tráfico de drogas y en varios crímenes. El nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia estuvo salpicado de varias denuncias de corrupción, a tal punto que hasta el narcotráficante Quirino Ernesto Paulino salió a relucir.

En la asignación de casi todas las obras, mediante el sistema “grado a grado”, la corrupción ha sido el elemento característico, como en Bellas Artes. Todas las obras han sido sobrevaluadas. Es de ahí que tanto en Obras Públicas como en la Oficina Supervisora de Obras del Estado, estén siempre en la picota. Nadie ha sido sometido a la justicia. Nadie ha ido a la cárcel.

Joaquín Balaguer, maestro y guía del Presidente de la República dijo que descubría un corrupto todos los días en la administración pública. Pero él nunca sometió a la Justicia a uno de esos corruptos.. Lo mismo parece que sucede hoy. Balaguer llegó a decir que la corrupción sólo se detenía en la puerta de su despecho. ¿Y ahora?

Para que haya tolerancia cero a la corrupción es necesario designar en los organismos del Estado que luchan contra ese flagelo a personas como Guillermo Moreno, Nuria Piera, Milagros Ortiz Bosch, Radhamés Gómez Pepín, K-bito Gautreaux, Lilliam Oviedo y la magistrada Wendy Martínez.