Entre quienes están de acuerdo y quienes se oponen al aborto hay razones serias que lo mejor es que sean debatidas.

Las posturas extremas, vengan de donde vengan, se inscriben en la insensatez que por lo regular brota de una sociedad incapaz de resolver sus problemas mediante el diálogo civilizado.

La Iglesia Católica, desde su visión ortodoxa del asunto, tiene abundantes argumentos para defender su posición, como la ha hecho a través de la historia. Por lo tanto no necesita el calificativo de “carniceros” para enfrentar la posición que con argumentos científicos defienden muchos médicos.

Esos médicos, por experiencia propia, conocen los límites de su oficio. Han vivido el dilema de tener que optar por la vida del feto o la criatura o de la madre, y actúan responsablemente cuando defienden que se despenalice el aborto terapéutico.

No merecen esos profesionales de los medicinas que lo estigmaticen con calificativos hirientes, ni menos quienes piensan como ellos. Otros profesionales de la medicina, que muy probable piensen igual, y hasta haya practicado el aborto terapéutico, no tienen el valor de plantear su despenalización, posiciones que también debe ser respetada.

Ahora bien, al margen de las discrepancias y posiciones, la que está llamada a definir una posición de Estado es a la Asamblea Nacional, tomando en cuenta no lo extremos de las partes, sino la racionalidad que debe primar en una sociedad.

En la Constitución vigente, el aborto es penalizado y como bien se sabe, esa práctica abunda en la sociedad dominicana, sin que a su conocimiento sea ajeno algún sector social o religioso.

La Asamblea Revisora tiene la opción de dejar eso así, para que todo continúe como hasta ahora y evitarse problemas con la Iglesia Católica. En nuestra Carta Magna el aborto es penalizado en el papel y permitido en la realidad, sin consecuencias legales para nadie. No se conoce sentencia alguna condenando a alguna personas que se haya practicado aborto. Y mucho menos a algún médico de esos que el arzobispo de Santo Domingo Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez llama “carnicero”

La otra opción sería penalizar determinados niveles de prácticas, dejando abierta la posibilidad de que se permite el aborto terapéutico, dejando en manos de la sociedad la posibilidad de accionar en contra de su posible proliferación y posibilitando que los mismos se hagan en centros médicos y no en patios de los barrios.

La suerte está echada. Una dosis de diálogo, combinada con responsabilidad no caería mal.