OPINION
La Iniciativa de Mérida
Por Víctor (Ito) Bisonó El autor es dirigente del PRSC
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El Presidente Obama está introduciendo nuevas iniciativas y programas en casi todos los ámbitos del gobierno, en la economía, en la educación, en la salud, en la creación de una industria de energías renovables, pero pareciera que en lo referido a seguridad y tráfico de drogas el gobierno americano mantendrá una política consistente con la Administración Bush.
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“México y los países de America Central y el Caribe están pasando una período crítico. La lucha entre el crimen organizado y los carteles de la droga por el control de las lucrativas operaciones de tráfico ha desencadenado profunda violencia en México, Guatemala y Honduras”, declaró el pasado 10 de Marzo el Subsecretario Tom Shannon frente al Sub-Comité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, del poderoso Comité de Apropiaciones del Congreso, que regula y define la asignación presupuestaria del gobierno de Estados Unidos. Shannon señalo también que “La Iniciativa Mérida, y la continua alianza que genera con México, América Central, Haití y la República Dominicana, reconoce la naturaleza transnacional de este desafío, y provee un marco de colaboración entre Estados Unidos y sus vecinos.
La República Dominicana recibirá pronto una donación de 2.5 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos en el marco de la Iniciativa de Mérida, que es el segundo aporte de un total de tres de montos iguales, para combatir el tráfico de drogas. Todavía no existe un plan específico sobre como ejecutar el dinero, pero de acuerdo a la legislación, un programa deberá ser presentado por el Departamento de Estado al Comité de Apropiación del Congreso dentro de los 45 días de aprobada la ley.
La iniciativa Mérida comprende un plan bien amplio de seguridad aprobado por
el Congreso el año pasado, que busca reducir el tráfico de drogas y el crimen organizado en México, América Central y el Caribe. Buscando mejorar el intercambio de información entre los países, modernizando y profesionalizando las fuerzas policiales y de seguridad en general, expandiendo la capacidad marítima para combatir este crimen, y reformando el poder judicial para así restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de justicia.
Haití y la República Dominicana eran considerados de baja prioridad en esta iniciativa, ya que de acuerdo a los legisladores americanos, no presentaba tantos problemas como el resto de los países. Sin embargo, varios congresistas levantaron el tema, preocupados que las redes de tráfico organizado volvieran a usar el Caribe como zona de tránsito y de consumo si por un lado se incrementaba la seguridad en America Central pero sin desarrollar los instrumentos y salvaguardas necesarios para proteger el Caribe.
El mayor recipiente de financiamiento en el contexto de la Iniciativa de Mérida es México (el nombre de la iniciativa sale de la cuidad donde el entonces Presidente Bush, y el Presidente de México, Felipe Calderón, se reunieron en el 2007 para estructurar el programa y firmar el acuerdo que luego seria sometido al Congreso). El financiamiento para México es de 300 millones para este año fiscal, comparados con los 400 asignados el año anterior. Los países de America Central están recibiendo 40 millones de dólares más que el año anterior, en parte porque se sumaron Guatemala y Belize a la iniciativa, debido a nuevas alarmas sobre el tráfico de drogas en base a varios crímenes y asesinatos que se dieron en estos países. Los otros beneficiarios del programa son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Esta iniciativa es un reconocimiento de la gravedad del problema, del flagelo que representan las drogas para nuestros países, y en especial para la juventud. Países de la región que comenzaron siendo únicamente localidades de tránsito, son crecientemente países de destino, donde aumenta el consumo de drogas y la violencia que ello acarrea, como es el caso de la República Dominicana. Tenemos que todos, dirigentes políticos, empresarios, sociales, religiosos y comunitarios, y la sociedad en general, reconocer la necesidad de combatir este flagelo, y comprometernos a hacerlo.
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