Es verdad, tiene razón el aguerrido funcionario. En estos 48 mil kilómetros cuadrados hay más generales que en China, la nación más poblada del mundo, con un ejercito del tamaño de la mitad de la población de nuestro país. Más generales que en la India que tiene mil millones de habitantes; más generales que Francia, España, Inglaterra, Brasil, Rusia, México, Venezuela, Argentina, Chile y Colombia.

Es verdad lo que dice el Secretario de Interior y Policía: Hay muchos generales.

Generales sin tropas, generales que no han ido a una sola guerra, generales analfabetos, generales intelectuales sin luces y con luces, con sombra y sombrero para cubrirlos de los aires putrefactos de la corrupción y el crimen, generales sin cola y con cola, con las manos llenas de sangre y con las manos limpias. Tiene razón Franklin Almeyda. Si, es verdad. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿Los propios generales? ¿No tiene el partido y el presidente de Franklin casi nueve años en el gobierno? ¿Quién es responsable de los 57 generales que afirma hay en la Policía? ¿Juan Pérez?

Tantos oficiales superiores hay en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que la pirámide de mando ha sido invertida en todas nuestras instituciones castrense. ¿Quién es el comandante en jefe? ¿Acaso no lo es, por mandato constitucional el presidente de la República?

Estoy totalmente de acuerdo con el bueno de Franklin Almeyda cuando dice que hay muchos generales. Y esa situación ha devenido en un problema político, económico y social muy grave por sus implicaciones en el campo del crimen y el delito. Aunque sea duro decirlo, el único culpable de esa situación es el presidente de la República. Nadie más. El pudo y puede revertir esa situación. Sólo él tiene el poder legal para hacerlo.

Pero no sólo hay muchos generales. También hay muchos –demasiados- secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y subdirectores; secretarias y secretarios; mucha nómina y nominilla, muchos barriles y barrilitos, muchas botellas, botellones y galones con salarios de lujo; muchos tránsfugas y traidores; pocos que ganan mucho, y muchos que ganan poco. Y de eso Franklin no habla.

Quiere decir que el mal no está en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional. El mal también tiene un rango: Es general. No sólo las Fuerzas Armadas y la Policía ruedan por el fango de la podredumbre moral que arropa nuestra sociedad.

Las Fuerzas Armadas, ni la Policía son responsables de los vicios que se anidan en su seno. El poder político y el poder económico son los únicos responsables de sus males.

No podemos culpar al generalato. Ese es el camino más fácil. Y el más irresponsable.

Un general no se hace general a si mismo. El presidente de la República es el único con la facultad legal para colocarle las insignias. Nadie más.

La corrupción de la Policía no es responsabilidad única de sus miembros. La patrocina el poder político y económico.Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional responden al poder civil. No son beligerantes; no están para tomar partido en las decisiones políticas, ni en el manejo de las cosas del Estado, a menos que éste no esté en peligro inminente.

El papel de las Fuerzas Armadas es defender y garantizar la soberanía nacional en caso de que la misma se vea amenazada por fuerzas militares foráneas. El papel de la Policía, en cambio, es garantizar la paz pública.

Para eso no se necesitan 300 generales distribuidos entre policías y militares. En muchos países los policías no tienen el carácter militar que tienen en la República Dominicana. Esa es una herencia de la dictadura trujillista. En la mayoría de los países los rangos militares no existen en la Policía. Eso es un anacronismo.

Franklin Almeyda jerárquicamente está por encima del jefe de la Policía. Se supone que tiene el poder para cambiar muchas cosas. Pero no ha podido. ¡Ni podrá! No existe la voluntad política. A su jefe, el presidente de la República, no le interesa cambiar el status represivo y corrupto de la Policía porque así le sirve mejor a sus intereses.

Un general gana 23 mil pesos mensuales. Muy pocos pueden justificar su situación económica con ese salario de hambre y miseria. Con 23 mil pesos mensuales no vive ni un chiripero. El salario de un militar o un policía, no importa si es general o coronel, mayor o capital, teniente primero o teniente segundo, sargento, cabo o raso, es una invitación al crimen, al delito, al robo, el narcotráfico, a la extorsión y el chantaje.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son monstruos de muchas cabezas creadas por el poder político y económico. Ellas les han servido incondicionalmente a sus intereses. Acusar a sus integrantes de “lacras”, culparlas por el auge del narcotráfico, el crimen y la delincuencia no es más que tomarlas de chivo expiatorios porque tanto Franklin como el presidente de la República saben que la cosa es más compleja y profunda. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden jugar el papel que la Constitución y las leyes les tienen asignado si el poder político y económico invirtieran en su profesionalización y desarrollo, no en su deterioro ético y moral para corromperlas como ha estado ocurriendo durante la actual administración gubernamental.