Me detuve en el continente americano pensando que tal vez en Cuba o Venezuela los trabajadores eran obligados a mantener económicamente al partido, uno comunista y el otro socialista. Nada. Me trasladé a Nicaragua, luego a Ecuador. Tampoco. En Brasil, Chile, Argentina, ni por asomo. En Canadá o Estados Unidos algo parecido sería un insulto. Ni siquiera en Haití, el país más pobre y atrasado del continente hallé algo parecido al cobro compulsivo a los empleados públicos.

Ante mi fracaso en América me trasladé a Europa. Pensé que posiblemente el Partido Socialista Obrero Español de Rodríguez Zapatero se había convertido en agente de retención de impuestos para beneficio de su partido. Pero no. Me fui a Francia, luego a Italia, siguiendo por Alemania, Suiza, Suecia.... De un salto llegué a China comunista. Brinqué hasta Rusia. No sé por qué pensé que en África encontraría algún gobierno que estuviera abusando de los empleados. La cosa es que no encontré un partido en el poder obligando a los empleados públicos a mantenerlo económicamente, lo cual significa -¡aleluya!- que ese mérito es exclusivo del PLD, una resucitación de viejos y atrasados métodos de explotar a la gente humilde.

La cuota a los empleados públicos para el PLD, además de ilegal es inmoral, no importa lo que diga el presidente de la República o cualquiera de sus consejeros. Los gobiernos del PLD se han caracterizado por las ilegalidades y las inmoralidades, como lo demuestran los escándalos de corrupción que se suceden uno tras otro sin que sus responsables sean cancelados y sometidos a la Justicia.

La Funglode fue creada desde el Palacio Nacional pidiendo la “colaboración” de contratistas de obras del Estado, comerciantes y empresarios que se vieron compelidos a contribuir con sumas millonarias para la creación de esa entidad “sin fines de lucro” del Presidente de la República.

Cuando el Palacio Nacional pasa el sombrero entre contratistas de obras del Estado, importadores y comerciantes, nadie se puede negar. El que se niegue tiene al día siguiente a los inspectores de Impuestos Internos y de otras dependencias tocando su puerta… ¿Y si eso se lo hacen a los grandes, a los que cotizan en grande durante las campañas, qué no les harán a los pobres empleados públicos?

Durante la campaña electoral pasada el presidente de la República gastó miles de millones de pesos del Estado. Compró la reelección. Hay quienes afirman que gastó unos 40 mil millones de pesos que hoy forman parte del gigantesco déficit fiscal. De nuevo se necesita dinero. Pero no hay. La maltrecha economía no resiste gastos cuantiosos. Pero él precisa mantener el control del Congreso y los síndicos. Es por eso que se ha inventado otro impuesto: Una cuota a los empleados. Será con el dinero de los empleados públicos que el gobierno pretende subsidiar la campaña de los senadores, diputados, síndicos y regidores.

Pero la Junta Central Electoral, del dinero de todos, mantiene los partidos económicamente. El PLD es el que más dinero recibe. Tres senadores del PLD reciben, a través del barrilito, casi un millón de pesos mensuales. El barril de todos los senadores no lo salta un chivo salvaje. El senador de la capital, que además es presidente del hemiciclo y secretario general del partido terminará recibiendo en cuatro años, cerca de 50 millones de pesos.

Algunos ministros del presidente de la República tienen salarios que sobrepasan el millón de pesos mensuales. Sin calcular, por supuesto, el dinero que reciben por la izquierda.

Ningún empleado público, aun sea militante o simpatizante del PLD está de acuerdo con otro descuento. Al contrario, todos desearían un aumento. Porque eso es, en los hechos, rebaja del salario. Pero todo el que no autorice el descuento es enemigo del gobierno y miembro del PRD. La cancelación no se hará esperar. El PLD no necesita dinero. Pero si necesita, que coticen los poderosos miembros del Comité Político y del Comité Central, los ministros que tienen salarios millonarios, los senadores y diputados; que coticen las botellas nombradas en el extranjero, que coticen los tránsfugas, que coticen los 60 secretarios de Estado sin cartera, que coticen los 500 subsecretarios de Estado, pero no los infelices padres de familia.