Un presidente de un país, no importa cuál, es un gerente, riguroso, estricto, vigilante y austero.

Si alguien, no importa el cargo que ostenta, rompe con los lineamientos establecidos, malversando o robándose los recursos del Estado, debe pagar las consecuencias en los tribunales primero, y luego ir con sus huesos a la cárcel.

La prevaricación está sancionada por la Constitución, para evitar el grado a grado, el tráfico de influencias y otras expresiones de corrupción. Pero la ley es letra muerta.

El presidente Leonel Fernández propuso, desde la oposición, un proyecto de ley para revertir el fardo de la prueba. Sin embargo, no lo ha hecho a pesar de tener el control del Congreso. Jamás se ha referido al tema.

De igual modo, prometió modificar la ley sobre la declaración jurada de bienes, que no se cumple y que además es utilizada a su favor por los funcionarios corruptos.

Lejos de combatir la corrupción administrativa persiguiendo y sometiendo a la Justicia a los implicados, éstos han sido premiados otorgándoles cargos más importantes.

Los ministros, casi todos miembros del poderosísimo Comité Político del partido de gobierno, parecen tener autonomía e independencia en el uso de los recursos de que disponen las instituciones que dirigen.

Nadie los vigila, nadie les ordena, nadie le traza pautas, nadie los sanciona. Cada secretaria de Estado es un gobierno aparte, con sus leyes y reglamentos.

El presidente de la República permite que cada funcionario haga lo que quiera y como quiera; que disponga de los recursos del Estado a su mejor conveniencia. No hay límites para el gasto. Recuerdo el caso de un subsecretario de Salud Pública que gastaba cerca de 50 mil pesos mensuales en el teléfono móvil que le habían asignado. Hace unos días, el economista Arturo Martínez Moya en una línea aérea les enrostró a dos funcionarios de tercera categoría la compra de dos pasajes de avión en primera clase para ir a Miami. Un viaje de una hora y 45 minutos. Los tickets, la dieta en dólares, los hoteles de lujo, los alimentos, las bebidas y otros placeres los paga el pueblo dominicano.

Cada ministro o funcionario influyente establece cuánto quiere ganar. El Senado establece un fondo especial para cada uno de sus miembros que asciende que llega casi a 500 millones de pesos. El director de la Lotería Nacional decidió regalarles a los congresistas 27 millones de pesos. Un director del Banco Nacional de la Vivienda se pone medio millón de pesos de salario mensual; luego se jubila con 450 mil. Hace unos días en Medio Ambiente y Recursos Naturales los aumentos salariales y otros beneficios no se hicieron esperar. El sacrificio por la Patria no llega hasta los bolsillos.

Las casas de los funcionarios, tanto en las ciudades como en los centros turísticos, los vehículos, hablan por si solos. Gente que llegó al gobierno sin nombre ni abolengo. Gente que la política y el cargo les dio fama y fortuna. Y los hizo intocables.

A pesar de las denuncias, de las pruebas presentadas en medios de prensa, no se ha producido una investigación, ni un solo sometimiento. En el Comité Político ese tema no ha sido tratado.

¿Alguna vez el presidente de la República ha sido invitado a la residencia o la villa de algunos de sus ministros? ¿Qué dirá al ver tanta opulencia? ¿No le produce vergüenza ver como su gente se ha enriquecido desde el gobierno?

Uno de esos ministros que no se han ensuciado me externaba su preocupación con la arrogancia de muchos de sus colegas. Y lo peor, me comentaba, es que no se puede hablar porque las consecuencias son terribles: la cancelación del cargo y tal vez del partido, que ya no es un partido. Ahora es una empresa.

El presidente de la República no llama a sus funcionarios para recriminarlos por hacer mal tal o cual cosa; no investiga como marcha tal o cual cartera, ni como se invierten los recursos. En el gobierno no existe, como en la Policía, una unidad de “Asuntos Internos”. Al contrario, parece hacer uno de macuteo y complicidad.

Ese dejar pasar, dejar hacer, que forma parte del estilo del presidente de la República, le está haciendo un daño terrible al país. Un escándalo sustituye al otro. Ya nada nos provoca indignación ni vergüenza ajena. Ese dejar pasar, dejar hacer, instrumento que el presidente de la República ha impuesto en su gobierno, convierte al Estado en un botín de guerra política-electoral que evita el progreso y el desarrollo del pueblo dominicano que ha sido convertido en un mendigo que sólo recibe las migajas del poder.