Primero. En primer lugar, está el crimen convencional y el no convencional. Se nos hace creer que la mayor parte de nuestros crímenes y delitos son ofensas contra las personas, la propiedad, las costumbres morales y el orden público; pero la cuestión es que estos crímenes sólo están en la visibilidad, en los medios, para ocultar los que se cometen bajo la protección de la ley, por protección oficial, o quien detenta el poder, contra de la ley, los usos internacionales, los servicios de inteligencia, la corrupción a altos niveles, y los de orden políticos.

Segundo. El abandono social de los barrios, la falta de servicios, la educación pública, las amenazas a las familias, la proliferación de bancas de juego, que fomentan el robo, las lesiones personales, la violación, las drogas, y otras manifestaciones de la criminalidad común, sin que exceden más que un 5% de los delitos registrados; pero hay que preguntarse por los delitos que involucran a las autoridades, las ejecuciones extrajudiciales o las redadas arbitrarias, denegación de justicia, coerción policial, corrupción política, así como las decisiones que afectan el desarrollo de las personas, grupos o minorías. Los pobres no pueden defenderse frente a poderosos, y frente a policías.

Tercero. Los datos de la criminalidad son limitados. Estos han declinado para el uso del Estado; estas estadísticas no se publican, están a favor del gobierno y sirven para favorecer a los funcionarios más que a la institución; en realidad, ponen en peligro a los implicados directos e indirectos. Si no se ofrecen datos criminales sinceros, no hay forma de llegar a una propuesta frente al delito práctico.

Cuarto. En cualquier sociedad distinta a la nuestra se conocen publicaciones sobre la problemática criminal, no está bien contar con estadísticas defectuosas sólo en los organismos de seguridad del Estado. Nuestro conocimiento de la criminalidad es fragmentado si no existen organismos en el medio universitario, comunitario, o comisiones en el Poder legislativo que reclamen los estudios que se posee sobre un hecho de esta naturaleza. Mientras nuestra sociedad se despedaza con la criminalidad, el gobierno carece de un instituto de criminología.

Quinto. La Policía tiene muchos problemas con la delincuencia, pero lo que no hemos hecho es cuestionar a la institución del orden, y el miedo al uniforme. Con frecuencia oímos el reclamo: la Policía necesita mejores salarios, pero también cuenta el problema ético de los uniformados. Existe el poder del ciudadano frente al policía, y existe el poder del policía frente al ciudadano. No podemos comprender esto, mientras los políticos continúen corrompieron a nuestra Policía. Los rangos son políticos, y la institución está imposibilitada de perseguir a los políticos que frecuentemente violan las leyes. Los oficiales superiores están al servicio de los políticos que están en el gobierno

Sexto. El gobierno se jacta de la rehabilitación de los delincuentes, pero el problema carcelario no ha hecho más que acentuar la condición de marginalidad. El indulto se ha limitado hasta abandonarlo totalmente; es decir, como institución, no por razones políticas.

Los delincuentes “no convencionales” son inmunes a la justicia, y todavía seguimos viendo como los ricos no van a la cárcel, y existe una “impunidad de derecho” reservada para ellos.

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