En realidad, no me había percatado de esa situación. Claro, se trata de un error de esos que suelen ocurrir en nuestro país.

Resulta que solicité un acta de nacimiento para Kelfen Manuel Vólquez Almonte, uno de mis cuatro hijos. Una semana después, recibí una certificación tramitada por la Oficialía Civil de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, con asiento en Ciudad Nueva, pero luego de dos semanas fue que me percaté que los empleados de esa dependencia de la Junta Central Electoral habían cometido un error en la trascripción del documento.

El 30 de diciembre de 2008 recibí el oficio marcado con el número 01-0575528-5, donde se hace constar que nací el 28 de diciembre de 1848 y no en el 1948, como estoy registrado originalmente. Haciendo cálculos fríos, mi edad es de casi tres siglos.

“Padre: Manuel Miguel Volquez Bello, nacido el día veintiocho del mes de diciembre del año mil ochocientos cuarenta y ocho (28-12-1848)”, dice textualmente el documento.

La verdad es que me siento privilegiado al disfrutar tantos años de vida. Salomón murió a los 800 años (creo que eso es lo señala la Biblia). De ahora en adelante, continuaré con mi dieta a base de vegetales a ver su puedo sobrevivir otro siglo.

Tema 2

Algunos negocios se dan a la tarea de estafar a los consumidores al retenerles dinero de manera ilegal.

Propietarios de algunas Farmacias, ferreterías, supermercados, chóferes del transporte público y otros se niegan a devolverles dinero a los usuarios y los obligan a aceptar mentas y otros artículos, en franca burla a los instrumentos legales.

Por ejemplo, si usted compra en una farmacia y luego se da cuenta que el producto no es el indicado, lo más lógico es que el farmacéutico devuelva el dinero. Pues no, la política de esos negocios no es esa: el cliente está obligado a aceptar otros productos, no el dinero.

Una pariente mía decide comprar materiales de construcción para una casa que está levantando en un área del municipio Santo Domingo Este. Acude a una ferretería y facturó 66 mil pesos en cemento, varillas, arena, blocas, alambres y otros artículos. De esa cantidad, gastó 62 mil pesos.

Confiada en la honestidad del propietario del negocio, reclama los 4 mil pesos que le restan en virtud de que ya no necesita comprar más materiales. Ahora resulta que no le quieren devolver nada para obligarla a llevarse lo restante en mercancías que ya no amerita la ocasión.

Igual situación se está dando en los supermercados y tiendas: No aceptan devoluciones, sino canjes de mercancías devueltas, por otras. A vuelo de pájaros, esa es una práctica abusiva e ilegal contra una población que, al parecer, cada día está huérfana de defensores. Casos parecidos ocurren a diario.

Hace unos meses, recuerdo que en un supermercado de la zona oriental de Santo Domingo quisieron obligarme a aceptar mentas en vez de devolverme un menudo que me restaba. Exigí mis derechos y tuvieron que retornarme mi dinero. Algunos ciudadanos, a sabiendas de que los están engañando, no reclaman sus derechos por temor, tal vez, a que los tilden de tacaños o miserables.

Otra modalidad de estafar a los consumidores es cargarles impuestos indirectos a las facturas como es el caso de las propinas y el itebis, sin avisarle previamente al usuario. Este caso suele ocurrir en los restaurantes. Estos pulpos humanos abusan de la población amparándose en la permisibilidad que les da la democracia. Esa es la razón por la que muchos comerciantes suben a su antojo los precios de los artículos de consumo básico y violan flagrantemente las leyes.

La verdad es que los comerciantes tienen de relajo a los consumidores. Creo que Pro Consumidor, un organismo del Estado que ha demostrado eficiencia desde que fue creado por decreto presidencial, debe tomar notas de ese abuso. El año pasado, una tienda ubicada en el centro comercial Megacentro, de la capital, difundió una publicidad donde daba a conocer unos precios de artículos que eran distintos a los que realmente le vendían al público. Unos usuarios se quejaron y Pro Consumidor obligó a los propietarios del negocio a devolver el dinero.

Hay que protestar. Es la única forma de hacer que se respeten las leyes. Se trata de un atentado a la Ley 358-05 que consagra la Defensa de los Derechos del Consumidor, un instrumento legal que está a disposición de la población pero que deberá ser mejor difundido para que su objetivo pueda ser aprovechado. Si usted no está al tanto de ese reglamento, póngase al día para que le engañen.