Dijo que esa Camara de Comercio es la institución depositaria de los registros de las sociedades comerciales en el país; y asegura que la denuncia en su contra -remitida a Diario DigitalRD- es un intento de extorsión puesto en marcha por personas con un extenso historial delictivo conocido en el país e internacionalmente.

La comunicación de Miranda dice que debe ser un alerta a la opinión pública dominicana el hecho de que sea el integrante de una banda procesada en España por graves delitos como estafa, cohecho, lavado de activos y otras prevenciones criminales, quien intente arrojar dudas sobre el proyecto Punta Perla, ya que quien aparece como autor de una comunicación puesta a circular por Internet para difamar a los responsables de esta iniciativa turística es Andrés Liétor Martínez, asociado de Carlos Sánchez Hernández y coimputado con este en el conocido Caso Malaya mediante el cual se cometió un desfalco y otras infracciones contra el Ayuntamiento de Marbella, según las autoridades de España.

Califica como una falacia la afirmación de que algún ejecutivo del consorcio turístico ha sido objeto de condena por estafa en tribunales españoles o dominicanos sin que existan una sentencia o decisión inculpatoria o personas que hayan presentado quejas que fundamenten esta afirmación.

El consorcio asegura en una comunicación dirigida a Diario DigitalRD que esa iniciativa es un nuevo intento de crear un escándalo para lograr en la opinión pública lo que no han obtenido en otros escenarios y “extorsionar a Punta Perla” para que pague determinadas sumas de dinero antes del vencimiento de los plazos contractuales y a su vez renuncie a la indemnización que ha reclamado a Liétor Martínez y Carlos Sánchez por las pérdidas millonarias sufridas por los incumplimientos en que incurrieron como vendedores de los derechos, que a través de la empresa Paraíso Tropical, S.A. ostentaba la propiedad de una parte de los terrenos en que se levanta el complejo turístico, reclamo que ha sido presentado en los tribunales españoles.

Señala que dicha demanda fue radicada en los tribunales de España porque ambos señores son ciudadanos de ese país donde se encuentran residiendo en libertad bajo fianza e impedidos de viajar por los procesos judiciales a que están sometidos por su connotada participación en el escandaloso fraude cometido contra el Ayuntamiento de Marbella, conocido como Caso Malaya.

Carlos Sánchez recibió $1600 millones

Explica que el grupo de inversionistas del proyecto Punta Perla compró a Carlos Sánchez, Liétor Martínez y oros socios en los años 2005 y 2006, las acciones de la empresa Paraíso Tropical, S.A. y los terrenos y derechos que esta poseía en Cabeza de Toro. Los acuerdos establecían un programa de pago para saldar la suma convenida, lo que se ha cumplido puntualmente y hasta la fecha se han pagado más de RD$1,600 millones, a pesar de que los vendedores no cumplieron todas las estipulaciones del contrato y cometieron faltas graves que eran suficientes para haberles retenido los pagos.

Revela que toda la documentación que sirvió de base a estos acuerdos y los contratos mismos, fueron preparados por el licenciado Gustavo Biaggi Pumarol como abogado de Carlos Sánchez y Liétor Martínez, quien posiblemente por tales razones y en conocimiento del cumplimiento de lo convenido, no participa hasta el momento –en lo que Punta Perla y sus abogados tienen conocimiento- en ninguna acción contra el proyecto a pesar de que aparece citado en la carta que circula en Internet y se atribuye al señor Liétor Martínez.

“Esa documentación revela, de una parte, la compra de unas acciones de la compañía Paraíso Tropical, S. A. y unos inmuebles, que dicen poseían y representaban el señor Carlos Sánchez Hernández , como principal promotor de la transacción y sus vinculados, entre ellos el señor Lietor Martínez; y de otra parte, un precio como contraprestación a cargo de los integrantes del grupo Punta Perla, de los cuales se han erogado a la fecha más de mil seiscientos millones de pesos (RD$ 1,600,000,000), y su balance fue pactado en un calendario que no ha sido nunca incumplido por los compradores”, expone Punta Perla.

Y agrega que “debido a las penurias y dificultades económicas que exhibía el señor Carlos Sánchez y su grupo antes de que se destapara el caso Malaya y otras fechorías que ya se conocen públicamente, los compradores se vieron precisados a efectuar nuevos anticipos por más de quinientos millones de pesos (RD$500,000,000), no obstante las condiciones suspensivas que para su desembolso estipularon los contratos, y con las que nunca cumplieron los vendedores”.

Cámara de Comercio impidió fraude

Es importante señalar, expone la entidad, que en reconocimiento de ese legítimo proceder, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo emitió el Certificado de Registro Mercantil que reconoce los nuevos propietarios de las acciones de Paraíso Tropical S. A. a favor de los promotores de Punta Perla, los que en el ejercicio de sus derechos designaros los nuevos representantes estatutarios de dicha compañía; lo que era posible, aun cuando el precio garantizado y sujeto a un programa de pago no estuviese saldado al momento del cierre, quedando el diferencial sujeto a los término y al cumplimiento de las condiciones del contrato.

Asegura que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo rechazó mediante resolución los subterfugios empleados por Liétor Martínez y Carlos Sánchez, que en complicidad con una funcionaria (que renunció al puesto tan pronto cometió el fraude), pretendían a pesar de haber vendido las acciones y recibido los miles de millones de pesos, re-apropiarse de las acciones y los inmuebles que habían sido adquiridos sobre la base de convenios preparados por sus propios abogados. Explica que el fraude descubierto se basaba en falsificar asambleas y someterlas al Registro Mercantil, en suplantación de las que legalmente ya se habían firmado.

Por este intento se radicó una querella por falsedad en la Fiscalía del Distrito Nacional y en Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DEPRECO)

Expone que se trató de “un golpe bajo detectado a tiempo en el Registro Mercantil, gracias a una certificación que contenía el asiento histórico de todas las asambleas existentes y los Registros en su momento emitidos a favor del Grupo Punta Perla, lo que dio lugar a que se anulara el fraude descomunal de sustitución de asambleas legitimas debidamente registradas ante la autoridad, lo que de no haber sido así habría echado por tierra las garantías de ley y el estado de derecho en la República Dominicana”

Intento de enlodar

La comunicación dice que al supuesto autor de la carta que circula en INTERNET es una persona perseguida criminalmente por la justicia y no se le reconoce una sola inversión legitima en la actividad comercial sana.

Le atribuye la intención “enlodar el pulcro proceder que ha caracterizado a los integrantes del grupo Punta Perla, que no solo cuenta con la participación de personas de la más alta y distinguida reputación moral Nacional e internacional, si no también con el soporte de reconocidas entidades financieras Mundiales, que se han unido a nosotros desde que fue gestada la idea de construir el proyecto Punta Perla Resort, Golf, Marina & Spa, en la zona de Cabeza de Toro, Provincia de la Altagracia”.