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  Actualizado sábado 4 de julio de 2009, 03:12:17 PM (EDT), Santo Domingo, República Dominicana

OPINION

2008: Un buen año para la justicia dominicana


Por David La Hoz
El autor es abogado


Sostiene el jurista Jorge Eduardo Vásquez Rossi que “puede afirmarse que una sociedad vigorosa y civilmente sana es aquella donde las instituciones y normas fundamentales son respetadas, en primer lugar, por quienes tienen el deber de guardarlas y aplicarlas.”
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Este postulado sigue siendo un sueño en la República Dominicana, los escándalos en la justicia que registra el recién concluido año 2008, guardan relación con la violación al mismo. Es decir, la postración de la justicia ante el poder político es una realidad que nadie quiere enfrentar, pues como dijera en una ocasión el distinguido periodista ya fallecido, Don Rafael Herrera, aquí todos somos de algún modo corruptos en el sentido de que tenemos corruptos favoritos. Criticamos lo que no nos concierne pero defendemos lo indefendible cuando algo nos toca de cerca. Eso ha llevado al actual Presidente de la república a decir en lagunas ocasiones que este país no es fácil de gobernar. Lo que no podemos entender es por qué los ejemplos que nos llegan desde el poder han de ser casi siempre negativos.

Por qué se permite que una Cámara de Cuenta nueva viole paladinamente la ley y se calla mientras a otra CC se enrostran faltas iguales, por ejemplo. Pero esto es materia de política judicial y ya el propio Mandatario exoneró de culpas al Procurador General de la República en asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con indultos con un marcado matiz clasista más que humanitario ¿dónde quedan la democracia y el sentido de equidad? La suerte de algunos funcionarios o de algunos internos, no es la misma debe recordársele al Mandatario. Como tampoco es la misma la enseñanza que se transmite. De ahí el cuestionamiento que sufre la política penal. ¿Cuál es el Tribunal? ¿La policía? ¿La fiscalía barrial? ¿Los jueces? ¿El Presidente? Es decir, que el propio Jefe de gobierno tiene favoritos. Se dirá que tiene derecho a ello por mandato constitucional, y nos preguntamos si podremos avanzar como sociedad por esos derroteros. ¿No sería más conveniente para el país que sus hombres públicos se la jueguen como hizo la SCJ en el caso sun land al mostrar a la nación que hicieron un ejercicio jurídico democrático? ¿O preferimos que la policía se convierta en tribunal, la fiscalía, etc.?

Quien haga el ejercicio de recorrer las decisiones jurisprudenciales de 2008 de la Suprema Corte de Justicia podrá notar que la justicia tuvo un buen año. Los jueces deben hablar por sentencia y lo hicieron con toda la responsabilidad que su cargo implica. Incluso, resolvieron problemas de vieja data como es el caso de la resolución contractual de los alquileres, pues al declarar inconstitucional un artículo del decreto de Trujillo que convirtió en permanente un decreto circunstancial dio un giro con importantes repercusiones en la vida del ciudadano común, por citar un caso, que viene a mejorar la vida de la gente y a evitar conflictos interminables.

El hecho de que se indique en una decisión que el plazo de perención de los incorrectos plazos del Código Procesal Penal sobre caducidad es otro ejemplo de avance judicial; también está el caso de la distinción entre conciliación y proceso. Pues resulta que el Código Procesal Penal no discierne entre audiencia de conciliación y audiencia sobre el fondo, la SCJ lo hizo con mucho acierto.

Donde la justicia no anduvo bien fue en materia inmobiliaria, pues en muchos casos sometidos esa jurisdicción, principalmente en el Este, hizo uso de razonamientos que ponen por encima del interés medio ambiental y por ende general de la nación, asuntos de mero interés privado. Dañando de ese modo el objeto de la ley 108, la cual es una ley que se supone venía a resolver el problema entre áreas comunes y áreas individual que existía en la anterior legislación, como también, la distinción entre dominio público y dominio privado. Puede entonces afirmarse que la seguridad jurídica en este aspecto continúa siendo un objetivo a lograr. Es hora de que lo jurídico prevalezca sobre las interferencias del Poder político.

El presupuesto de la justicia sigue siendo exiguo, pero entendemos que la justicia debe explicar al país cuáles son sus prioridades en materia del uso de estos pues se exhiben diferencias abismales en cuanto al reconocimiento de prioridades, por ejemplo, en materia de centros de citaciones en materia penal como en elaboración de sentencias en materia civil, las precariedades siguen siendo lamentables. Las faltas disciplinarias parecen más castigos que ejemplos, otros males que pueden corregirse sin llegar al extremo de un juicio disciplinario y no son resueltos. Oros agentes parecen poseer una patente de corso dentro de la justicia pues infringen reglas sin que sean sancionados.

Es pues notoria la ingenuidad de ciertos jueces ante una posible línea. Como ingenua es la posición del articulista al pretender que haya justicia en donde hay más que clases y favoritos. DLH-4-01-2009.



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