Castillo había depositado su solicitud el pasado 8 de diciembre a través de sus abogados Álvarez Armas & Borrón, y la jueza Barzee Flores firmó su sentencia el 18 de los corrientes, en la que establece que después de haber revisado la moción del condenado y la respuesta de los demandantes, y estar debidamente informada sobre el caso, decidía denegar la moción de abrir un nuevo proceso.

En la sentencia del 26 de noviembre la jueza estableció que los demandantes, Banco del Progreso y compañías relacionadas, habían probado que Castillo violó sus obligaciones fiduciarias como ejecutivo del Banco, cometió fraude, robo civil y conversión, por lo que le condenó a pagar cerca de US$80 millones, y además intereses que ascienden a US$25,000 por cada día en que no pague la suma establecida en la sentencia.

La oficina de abogados Patton Boggs, que representa al Banco del Progreso en Estados Unidos, informó a través de Stephen Gavin, que la sentencia ya ha comenzado a ejecutarse sobre los bienes de Castillo en ese país.

El 19 de diciembre de 2007, justamente un año antes, la jueza Barzee Flores había condenado a Castillo al pago de US$31 millones a favor del Banco del Progreso; pero atendiendo después a una petición de los abogados del imputado, la jueza decidió en febrero de este año darle una nueva oportunidad de defensa, reanudando el conocimiento del caso, esta vez con más pruebas aportadas por la parte acusatoria.

En República Dominicana se conoce en estos momentos ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una acusación interpuesta contra Castillo, tanto por el Ministerio Público como por el Banco del Progreso, por violación a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Monetaria y Financiera, en ambos casos por ocultar información a las autoridades, además de violación a los artículos del Código Penal que castigan la estafa y el abuso de confianza por haber distraído valores en su provecho personal, y por quebrantar la Ley de Lavado de Activos.

El perjuicio alegadamente causado por el ex banquero con sus actuaciones en los casos más arriba mencionados ha sido cuantificado por los querellantes en cerca de US$415 millones (RD$14,000 millones), valores que tuvieron que ser aportados por los accionistas del Banco al final del año 2005.